La opinión del Directorio de cualquier empresa está sujeta a las decisiones o acuerdos que tomen sus miembros en las sesiones que se convoquen.
Esta acción es justamente lo que no ha ocurrido, cuando el último lunes 13 el Directorio de Petroperú informó a la opinión pública una serie de medidas y recomendaciones elevadas a la Junta General de Accionistas (JGA), así como al Gobierno, para mejorar la autosostenibilidad financiera de la empresa, entre ellas la de ir a una gestión privada.
El Directorio transitorio de Petroperú está conformado por Oliver Stark y Carlos Augusto Villalobos, nombrados por el Ministerio de Energía y Minas, así como por German Boza y David Tuesta, nombrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, existe un quinto miembro en este Directorio: el director representante de los trabajadores, Antonio Manosalva.
Precisamente, Manosalva rechazó el uso de la firma ‘Directorio’ en el comunicado 10-2024 de Petroperú, en la medida que “no ha sido expuesto, tratado o discutido en ninguna sesión de Directorio donde el director representante de los trabajadores haya participado”, denunció.
El abogado laboralista Javier Mujica explicó que si el acuerdo de Directorio no se ha producido, o se ha realizado sin haber citado a uno de los miembros, se afecta su legalidad.
“Los directorios se integran por sus miembros, si uno de ellos es excluido o no es notificado de la reunión y de su agenda, entonces las decisiones estarán viciadas de legalidad; es decir, esto sería ilegal”, apuntó.
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Ayer, el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, informó que “por encargo expreso de la señora presidenta de la República (...) categóricamente Petroperú no será privatizada. Queremos dejar absoluta claridad de que el Gobierno de Dina Boluarte no privatizará Petroperú”, aseveró, mas no disipó la duda sobre el devenir de la estatal.