La compañía minera Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, La Libertad, fue atacada por miembros de organizaciones criminales estrechamente relacionadas con la minería ilegal. Como producto, dejaron 9 trabajadores fallecidos y 13 heridos. Tras conocerse esta información, diversos gremios empresariales del país se han pronunciado solicitando al Gobierno que redoble sus esfuerzos en seguridad para salvaguardar la vida de las personas y, con ello, el desarrollo de las inversiones.
La empresa dio a conocer que los hechos denunciados no son parte de un caso aislado, sino que responden a "un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona"; puesto que, a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se ha permitido el crecimiento de la minería ilegal, señalaron.
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Hace solo dos meses, siete trabajadores también fueron asesinados. A ello, se suma la infraestructura afectada de la empresa, como la voladura de 10 torres de alta tensión y la destrucción de maquinaria y equipos.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena y rechazo al ataque que sufrió la compañía y exhortó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para restablecer el orden y el principio de autoridad en la provincia de Pataz y en otras zonas donde la minería ilegal buscaría establecer “territorios liberados”. Al respecto, reconocieron que este problema debe ser abordado de forma integral para evitar su avance.
"Sabemos muy bien el daño que la violencia causa, no solo a nivel humano, sino también a la estabilidad política y económica del país. Por ello, es crucial no permitir que estos actos se repitan en nuestro territorio", anotó la Confiep en un comunicado.
Por su parte, la Asociación de Exportadores (ADEX) exigió al Gobierno un mayor compromiso para acabar con esta tara que atenta contra la tranquilidad de la población y mancha la imagen del Perú ante el mundo. Otros gremios que se han pronunciado en este sentido, y hacen hincapié en que se debe evitar alejar las inversiones, son la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).