Oxfam advierte profunda crisis en la agricultura familiar peruana

La agricultura peruana está sumida en una profunda crisis. La COVID-19, la crisis de los fertilizantes y el cambio climático han golpeado sucesivamente al sector, siendo la agricultura familiar la más afectada debido a la respuesta insuficiente y de corto plazo del Estado peruano, alertó la nueva investigación “Agricultura familiar en tiempos de crisis en Perú: diagnóstico y recomendaciones” de Oxfam en Perú.

Desde 2020, agricultores familiares han padecido las sucesivas crisis en el país que devinieron en un preocupante aumento de la pobreza: el 41% de hogares agrarios se encuentra en situación de pobreza, casi el doble que los hogares no agrarios, según cálculos del estudio con base en los datos del INEI.

En esta investigación, los economistas Eduardo Zegarra y Yeni Vásquez analizan los impactos de estas crisis en la agricultura familiar hasta mediados del 2023, al igual que las respuestas del Estado y las posibles alternativas para enfrentarla con una mirada desde las organizaciones agrarias.

Pobreza afecta más a familias que viven de la agricultura

Las sucesivas crisis han profundizado las históricas brechas de desigualdad, particularmente en regiones con mayor actividad agraria, con niveles superiores al promedio nacional. “En 2022, la pobreza afectó al 42% de los hogares agrarios, cifra que se incrementará este año ante los graves eventos climáticos”, aseguró el economista y autor del estudio, Eduardo Zegarra.

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“Es un sector que no ha recibido una adecuada atención de la política pública en los últimos 30 años. Si se continúa con el abandono de la agricultura familiar, este sector en el que viven 1 de cada 5 peruanos se seguirá empobreciendo y tendrá cada vez menos capacidad de producción de importantes alimentos como los tubérculos, hortalizas, frutas, granos andinos y leche, que son claves para la seguridad alimentaria nacional”.

Respuesta insuficiente y de corto plazo del Estado

Tan solo el 3,5% del presupuesto público del Perú está destinado al sector agrario, en el cual se prioriza la agricultura de exportación o empresarial, con grandes proyectos hídricos en la costa de Lambayeque, Ica y La Libertad. Según la investigación, lo queda para la agricultura familiar es una fracción limitada que ha sido poco efectiva para paliar los efectos adversos de las crisis de los últimos años.

“El presupuesto asignado al sector no ha demostrado ser efectivo en mitigar los impactos adversos que vienen enfrentando los agricultores y las agricultoras”, enfatizó Alejandra Alayza, responsable de Oxfam en Perú. “Es vital diseñar instrumentos de política ágiles y eficientes para atender a la población productora en situaciones de crisis”.

Las organizaciones agrarias consultadas en la investigación confirman que las medidas dictadas por el Estado frente a la COVID-19, la crisis de fertilizantes y el cambio climático fueron insuficientes, poco eficaces y hasta cortoplacistas.

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En la emergencia sanitaria, una de esas medidas fue el Bono Rural, que se destinó a familias rurales en situación de pobreza, es decir, al 42% de la población rural. Pero quedaron fuera casi un 60% de familias rurales (1,3 millones de familias) que venía sufriendo los duros impactos de la paralización económica, advierte la investigación.

La respuesta estatal también fue limitada en la crisis de los fertilizantes. A la frustrada compra de urea en 2022, se sumaron los serios problemas de diseño e implementación de los bonos SafeAgro, Wañuchay y Fertiabono, donde la falta de un padrón actualizado de productores fue un obstáculo para la eficacia de dichas ayudas económicas.

En cuanto a las declaratorias de emergencia del Estado por las sequías y las inundaciones, estas se hicieron sin asignar presupuesto adicional y además se requería figurar en el Padrón de Productores Agropecuarios para acceder a los bonos. Hasta mayo de este año solo se ha logrado empadronar al 70% de la población productora a nivel nacional.

El mayor impacto en mujeres rurales e indígenas

Las sucesivas crisis de los últimos años han tenido mayor impacto en las mujeres rurales e indígenas, quienes han tenido más dificultades para reducir la pobreza luego de la pandemia y están invisibilizadas dentro de la actividad agraria debido a décadas de debilidad institucional y el machismo estructural dentro y fuera de los territorios.

A pesar de que ellas representan el 30% de la población productora del sector agropecuario, aún es incipiente la creación de políticas y programas orientados a atender sus necesidades y las brechas de género en el sector agrario. Los primeros avances se dieron recién en 2021 con la promulgación de la Ley N° 31168 que crea la Dirección de Promoción de la Mujer Productora Agraria y el Fondo de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena.

“Si bien es un primer paso importante, aún no se puede decir que el sector esté implementando una política integral a favor de las mujeres agrarias, rurales e indígenas con consideraciones interculturales y geográficas pertinentes”, aseguró Alejandra Alayza, responsable de Oxfam en Perú.

“Es necesario que el presupuesto se diseñe incorporando la perspectiva de género, lo cual permitirá destinar recursos al empoderamiento de las mujeres en el sector, evitando depender exclusivamente de un fondo en particular”, agregó Alayza. Agregó que “también es importante que en los gremios y otras organizaciones se reconozca que las mujeres rurales e indígenas sostienen la vida, cuidan las tierras y territorios, los recursos naturales, familias y comunidades, aún más en escenarios tan duros e inciertos como el actual”.