El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, cuestionó la falta de voluntad de la empresa Cobra para retomar las obras del proyecto Majes Siguas II. Dicha concesionaria demanda al Estado un resarcimiento de 120 millones de dólares por perjuicios que le habría generado los incumplimientos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
"Lo que podemos decir es que la concesionaria maneja un doble discurso, en el fondo no evidencia una voluntad de querer ejecutar el proyecto", aseveró Sánchez ayer en la sede del Gobierno Regional de Arequipa.
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Las obras principales del proyecto agroexportador siguen paralizadas desde el 2017. Se pensó que los trabajos se reiniciarían con la firma de la adenda 13 al contrato de concesión (julio del 2022), sin embargo Cobra ha llevado sus reclamos a un trato directo (conciliación) que se resuelve en el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), organismo que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un paso previo al arbitraje.
Sobre este proceso, Sánchez informó que el Gobierno Regional recibe asesoramiento de los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los que también orientaron a la entidad regional en la firma de la cuestionada adenda 13. Esta permite incrementar en 104 millones de dólares el proyecto.
Sánchez evitó opinar sobre la situación del Gobierno Regional de Arequipa ante un eventual arbitraje. Indicó que por ahora los esfuerzos están orientados hasta el 12 de abril, en que la entidad debe cumplir sus compromisos en el proyecto, como el saneamiento de terrenos.
No obstante, la autoridad cuestionó que la empresa también presenta incumplimientos. No levantó las 300 observaciones al expediente técnico, pero que según Cobra son solo comentarios.
Sánchez indicó que el objetivo de la conciliación es que ambas partes lleguen a un entendimiento.
"Esperemos que (Cobra) cambie de parecer y tengan esa voluntad (de continuar el proyecto)", remarcó la autoridad.
Sánchez realizó sus comentarios en el marco de la creación del Comité Cívico Anticorrupción, ente que estará compuesto por miembros de la ciudadanía (cesantes y estudiantes universitarios), que servirá como un órgano civil de control de las diferentes entidades del Gobierno Regional.
Durante la presentación, Sánchez informó que al momento hay 1200 procesos por inconducta funcional contra servidores del Gobierno Regional, los cuáles se siguen desde pasadas gestiones.v