La alta volatilidad en la cotización global de minerales y la negativa de la FED de recortar sus tipos, al menos, hasta 2024, han impulsado al Perú a un vórtice de competencia contra países de la región que lo obliga no solo a avivar la exploración minera, sino a reducir la carga de trámites para proyectos en ciernes.
Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el titular del MEF, Kurt Burneo, manifestó su preocupación porque, de no concretarse mayores inversiones en exploración, las reservas probadas de cobre podrían agotarse en 16 años, mientras otros minerales, como oro y zinc, harían lo propio en 5.
A partir de ello, consideró central que se apruebe el proyecto de ley 3195/2022-PE, a iniciativa del Poder Ejecutivo, que prorroga la devolución del IGV e IPM a los titulares de la actividad minera y de hidrocarburos durante la fase de exploración por cinco años, es decir, hasta el 2027.
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La minería ilegal de "La Pampa" se desarrolló durante años en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Antonio Melgarejo/La República
“El país tiene que ser atractivo para la exploración, considerando que la minería es muy riesgosa. Por ejemplo, entre 2003 y 2019, solo 11 de 169 proyectos suscritos en esta fase dieron origen a proyectos en explotación como tal. Hemos perdido competitividad y necesitamos recuperarla”, advirtió.
Burneo Farfán expresó que la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de no morigerar sus tasas de interés hasta 2024 ha encarecido los créditos de inversión en todo el mundo, por lo cual ahora las empresas mineras se la pensarán dos veces antes de depositar su dinero en un país donde los trámites son engorrosos.
“Este tipo de actividades necesitan financiamiento y ello implica una serie de condiciones en el tiempo que, si se extienden, por ejemplo, en la solicitud del crédito, van a tener que pasar por una suerte de reestructuración para que siempre se le otorgue [a la empresa] los recursos para exploración y explotación”, indicó.
Respecto a lo que el país dejaría de percibir a raíz de estas exenciones, el MEF precisó que los US$ 151 millones de IGV devuelto en los últimos años a once empresas mineras (entre ellas Hudbay, Macobre y Río Tinto) no se compara a los más de US$ 15.000 millones de inversión garantizada con ellas, considerando que la exploración es, justamente, la etapa más riesgosa y menos alentadora para los operadores mineros.
Así, el costo-beneficio estimado por el MEF sería de S/49 millones anuales que son reintegrados a los inversionistas en exploración, de los cuales S/25 millones corresponden a la minería y S/24 para los actores del sector de hidrocarburos.
“Si queremos ser atractivos tenemos que competir con medidas de beneficio que desarrollan otros países, si no nos ponemos las pilas en cuanto a la promoción de la exploración se corre el riesgo de la actividad minera desaparezca”, afianzó.
Desde la Comisión de Presupuesto, la ministra del Minem, Alessandra Herrera, secundó esta posición y pidió tomar en cuenta que el marco normativo vigente “no es de este Gobierno”, sino de hace años, y “no ayuda lo suficiente en los niveles de exploración minero-energética”.
“Ya estamos haciendo una reingeniería de procesos y mejoras en el marco. Estamos seguros de que tendremos su apoyo [del Congreso], porque necesitamos fomentar la exploración en aras de elevar el nivel de competitividad”, relató.
Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas
“Las entidades reguladoras no demoran el otorgamiento de licencias por un tema de buena o mala voluntad, sino de capacidad instalada, que es bastante pequeña en relación con la demanda de informes”.
Alessandra Herrera, ministra de Energía y Minas
“La actividad minera se inicia desde la exploración, que involucra una serie de autorizaciones y licencias previas a su desarrollo, en la cual también debemos hablar de un plan de cierre de minas”.
Inyección. A agosto de 2022, las inversiones mineras suman US$3.245 millones, 7,8% más que similar periodo de 2021.
Veta. La cartera de exploración minera cuenta, hasta febrero, con 63 proyectos por US$586 millones, según Minem.
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