Consorcio Chavimochic III pide el pago de US$ 22 millones por avances de obra del 2016

El Estado peruano tendría que pagarle US$ 22 millones a la concesionaria de la Tercera Etapa de Chavimochic para llegar a una conciliación y evitar un juicio. Las partes involucradas han solicitado al Tribunal Arbitral Internacional 60 días de plazo para que se firme la adenda.

“Este monto que está solicitando la concesionaria correspondería al adelanto de la presa, a nivel del 70%, que hasta ahora no se le ha pagado. La concesionaria solo exige esos US$ 22 millones y se allana”, señaló Alfonso Medrano Samamé, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, en “Exitosa noticias”.

“El Tribunal Arbitral Internacional aún no ha aceptado la prórroga de 60 días. Si se acepta esta extensión, serían 60 días que tendríamos para arreglar la adenda, pero si no la aceptan, se rompe automáticamente el contrato de la concesionaria con el Midagri y esto se va a judicializar porque hay una demanda de US$ 120 millones”, agregó Medrano Samamé.

Si se llega a judicializar, la región La Libertad tendría que esperar entre cuatro a cinco años hasta que se resuelva y al estar paralizada todo este tiempo las perdidas en exportaciones serían millonarias, tal como ya sucede en la actualidad.

“Esto significaría una pérdida de US$ 2.000 millones por año que dejaría de exportar nuestra región (La Libertad), como viene sucediendo desde hace seis años”, indicó el representante de los empresarios en La Libertad.

Impacto económico

A la fecha, con la primera etapa del proyecto se han incorporado al cultivo 12.300 hectáreas de tierras nuevas; se han mejorado 5.331 hectáreas en el valle Chao y 12.113 hectáreas en el valle de Virú. Mientras que con la segunda etapa de Chavimochic se incorporaron al cultivo 12.708 hectáreas de tierras nuevas y se mejoraron 10.315 hectáreas en el valle Moche.

“Con el pronto reinicio de obras y la culminación de la construcción de la presa, serán generados más de 5.000 puestos de trabajo inmediatos, directos e indirectos; 50.000 puestos más por la habilitación de terrenos y 100.000 vacantes más por producción agrícola, trayendo como consecuencia el dinamismo de la economía regional, principalmente de las provincias de Virú, Chao, Moche y Trujillo, y con un gran impacto en el aspecto social, disminuyendo radicalmente los índices de desempleo y pobreza“, indicó Edilberto Ñique, gerente del PECH, a La República.