Cargando...
Economía

Más de 1 millón de hogares obtuvieron o actualizaron su clasificación socioeconómica hasta julio

El Ministerio de Inclusión Social detalló que más de 948.000 hogares consiguieron por primera vez su clasificación socioeconómica.

larepublica.pe
Actualmente, 9 millones 271.057 hogares cuentan con la clasificación socioeconómica vigente. Foto: Midis

En el periodo enero-julio del 2022 se ha logrado que 1 millón 193.435 hogares a nivel nacional obtuvieran o actualizaran su clasificación socioeconómica de hogar pobre, pobre extremo y no pobre, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Del total, 948.032 hogares obtuvieron por primera vez su clasificación socioeconómica (CSE); mientras que 245.403 actualizaron los datos de su CSE en el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

“Las solicitudes de actualización de la CSE se dieron por motivos de cambio de domicilio, incorporación de personas a sus hogares o porque la CSE estuvo próxima a su fecha de vencimiento”, detalló el Midis.

En la distribución por regiones, Lima cuenta con la mayor cantidad de hogares que actualizaron su CSE (294.219 hogares). Le siguen La Libertad (73.067 hogares), Piura (69.909), Cusco (68.854), Junín (66.000), Puno (60.306), Cajamarca (56.514), Áncash (52.999) y Arequipa (52.422).

Por su parte, la región San Martín registró 44.319 hogares, continúan Lambayeque (41.927), Callao (41.518), Ayacucho (41.069), Loreto (37.087), Ica (31.063), Huánuco (27.337), Ucayali (23.016), Apurímac (22.651), Amazonas (18.837), Huancavelica (17.466), Tumbes (17.258), Tacna (13.840), Pasco (9.688), Moquegua (7.663) y Madre de Dios (4.406). Cabe señalar que estas cifras se actualizaron al 31 de julio de 2022.

Finalmente, el Midis precisó que actualmente en el Perú, 9 millones 271.057 hogares cuentan con la clasificación socioeconómica vigente —como pobre, pobre extremo o no pobre— en el Padrón General de Hogares del Sisfoh.

La clasificación socioeconómica de los hogares es uno de los requisitos para que las personas puedan ser usuarios de las Intervenciones Públicas Focalizadas (IPF) del Estado, siempre y cuando cumplan con todos los demás criterios de elegibilidad que establece cada IPF o institución pública.