Ante la desidia de Repsol por acelerar los procesos de remediación ambiental en el mar de Ventanilla y la poca intención por indemnizar a la totalidad de personas afectadas, organizaciones de la sociedad civil respaldaron la demanda que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) interpuso a la transnacional.
La próxima semana, Indecopi debe sustentar ante la Corte Superior de Justicia de Lima la demanda contra Repsol, en la que pide una indemnización por daños y perjuicios de naturaleza extracontractual por US$ 3.000 millones (S/ 11 millones 403.000) y una segunda reparación por daño social, moral y colectivo ascendente a US$ 1.500 millones (S/ 5 millones 701.500).
La acción legal fue presentada el pasado 13 de junio ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra Repsol SA (matriz), la Refinería La Pampilla SAA (sociedad subsidiaria), la empresa aseguradora (Mapfre) y los propietarios de la embarcación que trasladaba el combustible.
De esta manera, se establece un precedente histórico importante, considerando que es la primera vez que el Perú, representado por Indecopi, demanda a una transnacional (Repsol SA). Al proceso se sumó el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), como tercero interesado o litisconsorte facultativo.
La demanda busca que los responsables del derrame indemnicen en la brevedad posible a la totalidad de personas damnificadas, mediante la ejecución de la póliza de seguro ambiental, precisó Henry Carhuatocto, presidente de IDLADS.
“El petitorio de la demanda presentada por Indecopi está vinculada al daño ambiental impuro o por influjo. Es decir, ante el derrame de petróleo se registraron dos tipos de daño: el directo o puro, que se refiere al daño provocado a la diversidad biológica. Mientras que el impuro, es el que afecta a la población debido a la contaminación”, explicó Carhuatocto.
Carhuatocto resaltó que Indecopi se encuentra facultado para interponer la demanda en el marco de una relación de consumo de contratos de seguro, en la que los beneficiarios son los perjudicados por el derrame.
La estrategia legal de Indecopi y de IDLADS es que mediante la póliza de seguro ambiental se indemnice inmediatamente a la totalidad de los afectados, sin la necesidad de un largo proceso judicial. “Se recurre a la aseguradora para que pague por la empresa, pero no hemos visto voluntad para activar el seguro. Por ello es que los demandamos”, enfatizó.
En caso el dinero del seguro sea insuficiente para cubrir los US$ 4.500 millones, la diferencia la debe pagar la compañía responsable.
Recientemente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una multa por más de S/ 5 millones a Refinería La Pampilla SAA, al incumplir con la identificación de las zonas perjudicadas por el desplazamiento del hidrocarburo en el mar de Ventanilla.
Al respecto, Carhuatocto afirmó que dicho dinero “se suma al presupuesto de OEFA para que siga cumpliendo sus labores de supervisión y fiscalización ambiental”.
Vanessa Cueto, vicepresidenta de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señaló que “otro aspecto preocupante y que necesita ser resuelto” es el procedimiento administrativo sancionador iniciado por OEFA sobre información falsa por parte de la compañía, en torno a la magnitud inicial del derrame.