Tras la derogación de la Ley de Promoción Agraria, el Congreso de la República conformó una Comisión Multipartidaria, integrada por un parlamentario de cada partido político, para elaborar una nueva norma que rija en el sector. Esta medida está planeada para ser presentada este viernes 11 de diciembre.
Se sabe que la Comisión Multipartidaria del Congreso visitó las regiones de Ica, La Libertad y Piura para recoger las opiniones de los dirigentes agrarios y los gremios empresariales.
En diálogo con la República, el presidente de la comisión, el acciopopulista Juan Carlos Oyola, indicó que verán “el tema de los abusos que han denunciado los trabajadores”, además del “análisis económico” que presenta el rubro.
También señaló que se buscarán cambios en lo laboral y tributario. “Queremos ver las exoneraciones. Analizaremos si es necesario mantener o no para el caso de las grandes empresas, que creo ya no necesitan esa ayuda, a diferencia de las medianas y pequeñas empresas. Una alternativa podría ser la reducción en forma gradual”, agregó el parlamentario.
Este jueves 10 de diciembre, habrá una sesión en Lima con los gremios agrarios, empresariales (Confiep) y representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Economía y Finanzas y el sector Trabajo.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, indicó que la propuesta del Ejecutivo busca “ponerle un fin” de forma gradual a los beneficios tributarios que tienen estas grandes empresas del rubro agrario.
“Nos parecería un golpe fuerte quitarle repentinamente ese beneficio (tributario), pero sí fijarle un fin, para empezar a elevarlos hasta que llegue al 29,5%. Sería gradual”, expresó el titular del MEF en RPP.
Además, Mendoza agregó que también se buscará ponerle fin al bajo aporte de EsSalud de las empresas del rubro.
Se sabe que la nueva ley elaborada alcanzará, en promedio, a 400.000 trabajadores de la agroexportación y agroindustria. Por ello, especialistas consultados por La República coincidieron en que se debe garantizar los derechos laborales y considerar la temporalidad de la actividad productiva, así como hacer cambios tributarios.
Como se recuerda, los trabajadores agrarios también pidieron incrementar su salario diario de S/ 39,19 (incluido CTS y gratificación) a S/ 70, aunque la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) —que agrupa a 384 empresas del sector— indicó que no sería posible tal monto.
En el año 2000, el exministro de Agricultura, José Chlimper, impulsó la Ley de Promoción Agraria para que el sector privado tuviera más facilidades económicas con el fin que se desarrolle la agricultura en el país y se potencien los ingresos de las personas que laboran en este rubro.
Esta medida fue concebida inicialmente como temporal; sin embargo, a través de los años fue extendiéndose, siendo la última promulgación hasta el 2031 durante el gobierno de Martín Vizcarra. Con ello, no solo se amplió la Ley de Promoción Agraria, sino también el régimen laboral del sector agrícola, que permitió que las empresas del sector podían contratar a los trabajadores de manera temporal.
Si bien el lunes 30 de noviembre comenzaron las protestas por parte de los trabajadores del sector agrario, recién el miércoles 2 de diciembre el Congreso de la República incluyó la derogación de la Ley Agraria dentro de la agenda del Pleno para el viernes 4 de diciembre.
Aquel viernes, el Pleno decidió derogar la Ley de Promoción Agraria con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. Los parlamentarios que votaron en contra de la derogación fueron Rennán Espinoza (no agrupado) y Martha Chávez (no agrupada), y los que se abstuvieron fueron Rita Ayasta, Diethell Columbus, Carlos Mesía, Marcos Pichilingue, Erwin Tito, Gilmer Trujillo y Valeria Valer, todos de Fuerza Popular.
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