Alta expectativa y suspenso. Así fue la sesión del pleno de Congreso de ayer donde estaba agendado el debate sobre el retiro de fondos de la ONP. Así, tras más de diez horas de sesión, se optó por votar por separado los dictámenes de la Comisión de Economía y Defensa del Consumidor.
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Al cierre de esta edición, se supo que las bancadas del Frepap, Unión por el Perú y Podemos Perú votarían a favor de una propuesta que permitiría la devolución de aportes, con algunas restricciones, el cual estaría valorizado en alrededor de los S/ 16.000 millones. Mientras que Fuerza Popular y Acción Popular irían por otra iniciativa que plantea la devolución de hasta S/ 1.860 a cada afiliado de la ONP.
En tanto, Alianza para el Progreso y Frente Amplio (FA) aún definían su voto.
Al respecto, la parlamentaria de FA, Rocía Silva Santisteban, reconoció que “el concepto de la devolución no existe, pero al mismo tiempo sí creo que la gente de la ONP se pregunta por qué se devolvió el 25% a los afiliados a la AFP y no se puede hacer lo propio para ellos”, agregó.
Fuentes parlamentarias comentaron a La República que “la distancia entre (las propuestas) del Ejecutivo y el Congreso es inmensa. El Ejecutivo ofrece S/ 1.300 millones como máximo y el Congreso tiene dos propuestas, la de S/ 6.000 y de S/ 16.000”.
Previo al inicio del debate, el presidente de la Mesa Directiva, Manuel Merino, quien tenía la última palabra para llevar adelante el debate sobre la ONP, se reunió por la noche con el premier Walter Ramos y la ministra de Economía, María Alva, en un encuentro sorpresivo.
Ahí, según el congresista de Frente Amplio, José Luis Ancalle, el Ejecutivo insistió en que “no se contaba con los recursos para cumplir con el texto sustitutorio del Congreso”. “Han puesto un tope que es bastante inferior a lo que se plantea”, añadió el parlamentario.
Efectivamente, Walter Martos añadió después –en una entrevista televisiva– que se reunió con el presidente del Congreso para "mostrar nuestra preocupación" por la posible aprobación del proyecto "que traerá no solo problemas en la economía, sino, sociales".
Cabe indicar que, según cálculos de la ONP, la primera propuesta que el Pleno pensaba poner a debate, estaba valorizada en más de S/ 26.000 millones.
Martos Ruiz, dijo, además, que como contrapropuesta plantearon un bono de entre S/ 350 y S/ 1.600 para afiliados, aportantes activos y jubilados. Así, su fórmula legal iba a costar S/ 1.300 millones, una cifra inferior a lo que el Congreso apunta, pero superior a lo que el Ejecutivo había planteado el jueves a las diferentes bancadas (solo ascendió a S/ 958 millones).
Terminada la reunión entre el presidente del Consejo de Ministros y de la Mesa Directiva, se convocó a Junta de Portavoces, la cual duró más de una hora. Ahí, portavoces debatían el futuro de los dictámenes de ley.
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A la par, en el canal del Estado, Victor Hugo Montoya, jefe de la ONP, explicaba -también su preocupación- por la votación del Congreso.
Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, expresó en la víspera que “desearía que el tema sea el primer punto en la agenda del Congreso, sabemos que hay más de 4 millones de afiliados a la ONP esperando”, anotó.
Antes de los cambios, el texto consensuado entre las tres comisiones apuntaba a devolver los aportes al sistema público de pensiones (SPP), pero con nuevas condiciones. Primero, solo los afiliados con edad desde los 65 años, y con hasta 10 años de aportes, podrían solicitar el retiro del 100% de sus fondos. De estos, el 4,5% quedaría retenido para EsSalud.
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En tanto, los que tengan más de 10 años realizando el abono accederían a una pensión de cesantía cuyo monto dependerá de los años de aportes (ver infografía).
En tanto, para los afiliados de entre 50 y 64 años, la devolución sería diferente: si tiene más de 10 años aportando, accederá también a una pensión única de cesantía. Y si el tiempo de aporte es menor, el retiro será de hasta S/ 2.150. Asimismo, se daría un bono para los jubilados de la 1999 de S/ 500, y otro de S/ 1.075 para aquellos aportantes o jubilados en juicio previsional.
Según estimados de la ONP, el alcance de la norma -de aprobarse en el Congreso- alcanzaría a 4,9 millones de afiliados, y de ellos, solo 190 mil accederían al retiro del 100% de sus aportes. Se calcula que el impacto fiscal asciende a S/ 26.491 millones, de ellos, unos S/ 19.416 será para cubrir las pensiones de cesantía de aquellos afiliados de 50 a 64 años de edad y hasta entre 10 y 19 años de aportes acumulados.
Al cierre de esta edición, se aprestaba a reiniciar la sesión virtual del Pleno.
Walter Martos. Pdte. del Consejo de Ministros
“La devolución de los aportes del 100% de la ONP, de aprobarse, traerá no solo problemas en la economía, sino también problemas sociales, un desequilibrio en la parte fiscal. Presentamos una propuesta de S/ 1.300 millones”.
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Anthony Novoa. Congresista AP
“El texto sustitutorio que pasará al Pleno se debe trabajar con las cuatro comisiones que aprobaron dictámenes. A mí me gustaría que la iniciativa sea el primer punto en la agenda del Pleno, pero depende de la Mesa Directiva”.
El presidente de Consejo de Ministros, Walter Martos, se mostró en contra de que el Pleno incluya en agenda la insistencia de la ley que regula los procesos de ascenso automáticos en EsSalud, la cual observada por el Ejecutivo.
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"La norma del ascenso automático y del personal de CAS que pase a la Ley 276 también involucraría un pase automático que estaría atentando contra el derecho a la igualdad de la carrera pública. Eso significaría que por espejo otros funcionarios de la carrera pública también tendría que hacer lo mismo; se está rompiendo todo el sentido de meritocracia", expresó el primer ministro a la prensa.
Asimismo, Martos señaló que de aprobarse esta iniciativa legislativa generaría un gran reembolso económico al Estado para poder subvencionar estos ascensos, lo cual generaría un gasto en una coyuntura de emergencia sanitaria nacional.
Vale recordar que, en su momento, la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, señaló que de aprobarse esta norma, generaría un sobrecosto laboral de más de S/ 1.100 millones al Estado.
Hasta el cierre de esta edición, esta insistencia de ley aún no había sido abordada por el Pleno.
Con 106 votos a favor, cero en contra y 18 abstenciones, el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que busca sancionar con hasta 6 años de prisión el acaparamiento, especulación de precios y adulteración.
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Para este fin, la norma modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
A detalle, se sancionará el “abuso de poder económico” con penas privativas de libertad no menor a 2 años ni mayor a 6 años y con entre 180 y 365 días de multa e inhabilitación.
“Hay malos empresarios que lucran con la salud, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos. Esta ley es constitucional. En la búsqueda de la protección de la libertad de mercado, prima la seguridad y salud de la ciudadanía”, señaló Carmen Omonte, parlamentaria de Alianza para el Progreso.
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Cabe precisar que este proyecto fue aprobado el pasado 5 de junio en el Pleno y quedó pendiente su promulgación por el Ejecutivo, que finalmente decidió observarla, ya que consideró que se “vulnera los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas”.
Infografía Detalles de la Ley
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