Tras la reciente aprobación de una polémica reforma de jubilaciones en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro entregó un nuevo paquete de medidas de ajuste que incluye la posibilidad de que el gobierno, los estados y los municipios se declaren en “emergencia fiscal”, reduciendo provisionalmente los salarios de sus funcionarios.
Las medidas presentadas proponen acelerar las privatizaciones y aprobar cinco reformas constitucionales, entre ellas un “pacto federativo” que supone la descentralización de los recursos, incluyendo los del petróleo. También contemplan una desindexación del presupuesto y el fin de la obligatoriedad de ciertos gastos.
Con el nuevo “pacto federativo”, los estados y municipios deberían recibir unos 400.000 millones de reales (100.000 millones de dólares) en los próximos quince años, pero se verán obligados a realizar sus propios ajustes para reequilibrar sus presupuestos.
Otra medida prevé que tanto el gobierno central como los estados y los municipios puedan declararse en “emergencia fiscal” cuando sus gastos corrientes superen el 95% de sus ingresos.
El desencadenamiento de ese mecanismo sería automático, sin la aprobación del Congreso, y podría determinar la reducción temporaria de una parte de la jornada laboral y de los salarios de los funcionarios públicos.
El proyecto fue elaborado por el ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, y fue bautizado "Más Brasil - transformación del Estado".
Las reformas económicas cuentan hasta ahora con un fuerte respaldo en el Congreso y en los mercados. La reforma de las jubilaciones, que endurece el acceso a las pensiones con beneficio pleno, fue aprobada por mayorías muy superiores a las requeridas, con apoyo incluso de parte de las bancadas de centroizquierda.
Fuente: AFP