Por: Guillermo Westreicher
En su mensaje por 28 de julio, el presidente de la República abrió el debate sobre una nueva Ley de Minería. Pero la propuesta no ha sido del todo bien recibida, especialmente, por los empresarios del sector.
En ese contexto, sería importante revisar cómo se desarrolla la actividad extractiva en otros países de la región.
En Bolivia, por ejemplo, al igual que en nuestro país, existe la nacionalización de los recursos naturales. Es decir, cualquier yacimiento minero que se descubre en el subsuelo le pertenece al gobierno y este se encuentra en la facultad de concesionarlo a un tercero, explicó Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos(UNMSM).
Sin embargo, lo que distingue el sector minero boliviano del peruano es que presenta tres actores: las cooperativas, la empresa estatal y las compañías privadas.
Las cooperativas mineras bolivianas están sujetas a un régimen que les ofrece ventajas tributarias. Así, pagan menos impuestos que las empresas, indicó Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia.
Asimismo, estas asociaciones se caracterizan por procesos poco tecnificados. “Se trata de una minería muy antigua y prácticamente a pulmón”, comenta Ríos.
Según el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia, las cooperativas son el segundo actor más importante, con el 36,7% del valor producido de minerales entre enero y setiembre del 2018 (Ver infografía).
El sector privado es el actor que más aporta al valor de la producción minera boliviana, como podemos observar en el gráfico adjunto a la nota. Además, es el que paga más regalías (86,6% del total entre enero y setiembre del 2018).
“Hay minas emblemáticas como San Cristóbal, que ha cambiado de dueños varias veces”, comenta Ríos. Actualmente este yacimiento es una subsidiaria de Sumitomo Corporation de Japón.
Cabe mencionar que, desde el 19 de agosto, los trabajadores de San Cristóbal vienen acatando una huelga exigiendo el reconocimiento de una serie de pagos por parte de la minera. Dicha deuda correspondería a beneficios laborales acumulados desde años anteriores.
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El tercer actor es el Estado que opera varios yacimientos a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“Hay concesiones como la de Karachipampa, muchas de ellas con tendencia a ser deficitarias, y entonces recurren al Estado para no dejar en la calle a los empleados”, sostiene Ríos. Es decir, estas minas habrían pasado a ser propiedad del gobierno como una forma de mantener su actividad, aunque no sean rentables.
El Estado es el pilar menos relevante del sector minero boliviano, ligeramente por detrás de las cooperativas, como salta a la vista en la infografía adjunta.
En conclusión, a diferencia de nuestro país, en Bolivia existe una empresa estatal y cooperativas que participan en la actividad extractiva, pero desarrollan operaciones de baja escala, en comparación con las firmas privadas.
Mediante una ley promulgada en el 2016, el gobierno boliviano comenzó a ejercer más control y fiscalización en cooperativas mineras.
Potosí es el departamento más minero de Bolivia con 55,3% del valor producido entre enero y setiembre del 2018. Le siguen La Paz con 19% y Oruro con 7,9%.
La producción de minerales en Bolivia aumentó 14,59% (en valor) entre enero y setiembre del 2018, frente al mismo periodo del año anterior. Dicho incremento se dio por más extracción de zinc, oro, plata, plomo, antimonio, wólfram y ulexita.
2.999 millones de dólares fueron las exportaciones de minerales de Bolivia en enero-setiembre 2018.
84,1% fue la participación del sector privado en los envíos mineros.
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