Por: Ani Lu Torres L.
A casi un año del anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra para reducir la carga procesal en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ¿cuál es su avance?
Según fuentes de la entidad, desde abril que entró en vigencia la ley que le permite el allanamiento judicial, la ONP ha logrado revisar más del 50% de los casos que no tenían sentencia.
Hay que recordar que la ONP señaló en su momento que se identificó 27.983 procesos judiciales, de los cuales la ley permitirá que se le reconozca el derecho a 12.592 personas que están en espera de resolución y cuyos procesos judiciales calificarían para que sean allanables.
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Pese a que todavía no se ha precisado el número exacto de beneficiarios, hasta la fecha se habría destinado cerca de S/ 250 millones para regularizar pensiones. La meta es que para fines de año se termine revisar los casos del Decreto Legislativo 19990, que son más del 70% de los procesos judiciales.
¿Y la reforma?
La carga procesal es solo uno de los problemas del sistema previsional. En el sector privado, las AFP reclaman el pago de deudas de las empresas privadas y entidades públicas que mantienen a la fecha además de la eliminación del Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA).
Desde hace varios años, se busca aplicar una reforma en el sistema de pensiones. Por ello, se espera que el consejo evaluador del sistema de pensiones, conformado en junio pasado por el MEF, MTPE, SBS y ONP, analice la situación actual del sistema pensionario.
A la fecha, según indicó el MEF, ya se habrían realizado hasta tres sesiones del mencionado Consejo en los que se analizó el funcionamiento del sistema nacional de pensiones, la informalidad y el desempleo.
Hay que indicar que el informe final se entregará al Congreso de la República a fines de este año.
El último reporte de la Asociación de AFP (AAFP) revela que un total de 215 entidades estatales pagaron el total de su deuda. Sin embargo, aún existen 29 instituciones que no pagaron ni un S/1.
La suma de esa deuda ascendería en total a S/3,4 millones, de los cuales, es el Gobierno Regional de Tumbes el que tiene una deuda pendiente de más de S/1 millón, “perjudicando a sus trabajadores y extrabajadores, a quienes se les retuvo sus aportes”.
Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP, señaló que la solución (a las deudas) no requiere de una reforma, sino de la voluntad política para hacer cumplir la ley.
Los juicios de la ONP por el DL 19990.