El regreso de la pena de muerte es un tema que se ha debatido mucho en los últimos años, principalmente debido a la fuerte ola de criminalidad. Dicha condena se terminó por anular en 1979, tras la ejecución de Julio Vargas Garayar, un joven peruano de 29 años que fue sentenciado a muerte con base en el artículo 54 de la Constitución de 1933. Descubre cuál fue el delito que cometió para ser sometido a la condena capital.
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Cabe resaltar que el juicio de Julio Vargas fue efectuado en secreto, y solo tras el término de la dictadura militar de Morales Bermúdez, se pudo conocer más datos sobre esta historia.
En la actualidad, la Constitución Política del Perú establece la pena de muerte solo para los delitos de traición a la patria, en caso de guerra y actos de terrorismo; en concordancia con los pactos internacionales suscritos por el Estado peruano. Por ello, la inclusión de la pena de muerte para sancionar otros delitos supone la reforma constitucional correspondiente.
Según la revista Caretas, Julio Vargas fue un suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Durante su juventud estudió en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma con la intención de empezar allí su carrera militar. Sin embargo, este sueño se vio frustrado debido a su baja estatura, por lo que optó por una carrera técnica en mantenimiento y reparación de instrumentos de avión en el Centro de Especialización de la FAP (CEFAP).
Julio Vargas Garayar fue miembro de las Fuerzas Armadas Foto: HistoriaMilitardelPerú/Facebook
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Al terminar sus estudios, fue trasladado a la Base de Pisco, en donde estuvo a cargo de las guardias nocturnas. Desaprobó dos veces el examen de ascenso, lo que provocó su retiro por insuficiencia profesional. Al regresar a Lima, empezó a trabajar en la embajada de Chile, en la que fue contactado por el Gobierno chileno para desempeñarse como espía.
De acuerdo con los medios de la época, el exsuboficial FAP Julio Vargas Garayar fue detenido el 12 de octubre de 1978 cerca de la base aérea de Talara. Se le acusó de ingresar a ella con fines de espionaje, por encargo de oficiales chilenos que conoció cuando lavaba autos y hacía limpieza en la embajada de Chile.
Según la investigación, había entregado información confidencial de la base de La Joya, en Arequipa, con una cámara Kodak 125 a cambio de importantes sumas de dinero.
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Este caso salió a la luz luego de que un buque chileno desembarcó en el puerto de Talara en 1978 para abastecerse de combustible. En aquella visita, los oficiales militares chilenos capitán Sergio Jarpa y teniente Alfredo Andoázegui fueron descubiertos tomando fotografías de aviones de combate adquiridos por el Perú de la URSS. Estos señalaron que solo cumplían órdenes de Francisco Bulnes, el entonces embajador de Chile en el Perú.
El (en ese momento) gobernante Francisco Morales Bermúdez expulsó al diplomático del país e inició una serie de investigaciones. Estas concluyeron que el exsuboficial FAP Julio Vargas Garayar era quien entregaba información a los chilenos.
Aviones peruanos que se encontraban en La Joya. Foto: Caretas
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El Gobierno chileno quería recabar información sobre la ampliación del sistema de antenas ADF y HDF, ubicación y funcionamiento de los llamados ‘dedos de dispersión’, pistas de aterrizaje, ubicación de subterráneos y emplazamiento, fotos y planos de la base sureña de La Joya en Arequipa. Según la revista Caretas, esta tarea se cumplió desde agosto hasta octubre de 1978.
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Frente a esta información, Julio Vargas fue acusado de traición a la patria bajo el Código de Justicia Militar. Finalmente, fue fusilado el 20 de enero de 1979 a los 29 años.
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La hija del exsuboficial de la FAP, María Consuelo Vargas Chávez, declaró que no cree que su padre haya sido un espía. “Si mi padre hubiera sido culpable, hubiera recibido muchísimo dinero, ¿dónde está?“, comentó. Además, refirió que ninguno de los familiares vieron el cuerpo ni lo velaron.
De acuerdo a las declaraciones de Consuelo Vargas, hija del exsuboficial Julio Vargas, su padre se autoculpó tras ser torturado y recibir los peores maltratos. “Lo sentenciaron en el fuero militar, mientras que él fue civil. Él se culpó porque con él se realizaron las peores torturas, se le trató peor que a un criminal de guerra. Le pasaron corriente eléctrica, por las noches lo llevaban a la playa y lo golpeaban. Debido a las horrendas torturas que sufrió, se culpó”, expresó en un video.
Debido a que los medios de comunicación estaban censurados por la dictadura militar que duró hasta el 27 de julio de 1980, un informe sobre Julio Vargas Garayar en la revista Caretas fue confiscado por el Gobierno de la época. El caso sobre el exsuboficial salió a la luz recién en 1980.
El Gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conocido también como segunda fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada del Perú, inició el 29 de agosto de 1975 con el evento llamado ‘Tacnazo’, un golpe de Estado contra el presidente Juan Velasco Alvarado, y culminó el 28 de julio de 1980.
El exdictador cumpliría una sentencia de cadena perpetua a sus 100 años. Foto: Archivo LR
El general del Ejército en retiro Francisco Morales Bermúdez falleció el último jueves 14 de julio a la edad de 100. La noticia fue dada por su hijo, el exministro de Agricultura Remigio Morales Bermúdez.
“Es verdadero, ayer [jueves] a las 11.20 de la noche [murió]. Fue por un tema relacionado más a su edad, había cumplido los 100 años, estaba un poco delicado, se le presentó un desbalance general, no se pudo restablecer, salir de él”, manifestó en declaraciones a un medio local.
Al 2020, estos son los 55 países que todavía aplican la pena de muerte, según información proporcionada por Amnistía Internacional:
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Según el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993, “la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada”.
Conoce en qué casos se aplica la pena de muerte en el Perú. Foto: AFP
En el Perú, hoy por hoy, no es posible sancionar los asesinatos o violaciones con pena de muerte, porque el Estado ratificó en julio de 1978 un tratado internacional que así se lo impide.