El pasado 5 de abril las sedes de la Corte Superior de Lima y el Jurado Nacional de Elecciones, ubicadas en la avenida Nicolás de Piérola, así como el Ministerio Público, en la avenida Abancay, sufrieron actos vandálicos tras la protesta realizada en pleno toque de queda, decretado por el presidente Pedro Castillo.
En ese sentido, la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional (USE) logró identificar a las 12 personas que fueron detenidas durante el ataque. Del total, 10 son adultos y dos son adolescentes de 16 años. Los detenidos aprovecharon la manifestación contra el gobierno de Castillo Terrones para destruir las instalaciones de estas instituciones.
Según fuentes policiales, los intervenidos fueron encontrados con partes de los equipos de cómputo y otros implementos que sustrajeron de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuyas puertas y ventanas fueron rotas con piedras y otros elementos.
Algunos de los arrestados por los agentes de la USE aparecen en videos y fotografías captadas por los medios de comunicación y por las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Los detenidos se encontraban recluidos de las comisarías de Cotabambas, Monserrat y Alfonso Ugarte; luego, por disposición de la fiscalía de turno, fueron remitidos a la División de Asuntos Sociales de la Dirección de Seguridad del Estado para las investigaciones correspondientes con el fin de saber si existe alguna relación entre ellos o si pertenecen a alguna organización política, u otros motivos.
“Este despacho fiscal investiga a las 12 personas que fueron detenidas en flagrancia y que estarían vinculadas con los daños causados a estas entidades y a otros locales cercanos a la zona de protesta”, señaló el Ministerio Público. Asimismo, “a estas personas se les imputa la presunta comisión de los delitos de daños agravados y disturbios, así como de hurto agravado”, agregó la institución.
Por su parte, tras revisar videos y fotografías, los agentes policiales no descartan que los atentados hayan sido premeditados. Esto se debe a que hubo cierto nivel de coordinación entre los vándalos. En caso se llegara a comprobar tal hecho, la investigación policial podría derivarse en un caso de crimen organizado.
En tanto, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima ya recibió la solicitud de la Fiscalía para compartir los videos que registraron los actos violentos durante el 5 de abril.
Fuentes comentaron a La República si estaban considerando el atentado a los locales del Jurado Nacional de Elecciones, la Corte Superior de Lima y el Ministerio Público, por motivos políticos, lo cual no quedó descartado.
“Se trabaja con diferentes hipótesis, por ejemplo, el financiamiento, porque entre los detenidos hay personas que viven en lugares alejados. Alguien les debe haber dado dinero para sus pasajes y sus alimentos. Hemos visto otras movilizaciones de índole política en las que los organizadores repartieron dinero para que la gente viniera al Centro de Lima. Tenemos antecedentes”, indicaron.