El Parque Nacional Los Alerces, uno de los tesoros naturales de Argentina, viene enfrentando un incendio forestal desde el jueves pasado. Las llamas ya han consumido alrededor de casi 700 hectáreas, lo que significa un desafío monumental para los equipos de emergencia, debido a que el humo y las condiciones climáticas adversas han complicado el uso de medios aéreos, limitando significativamente las estrategias de contención.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, ha apuntado a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como posible responsable del incendio, sugiriendo intencionalidad en el siniestro. Se plantea la hipótesis de que estos actos buscan tomar tierras ilegalmente, distinguiendo las acciones del RAM de las comunidades mapuches legítimas. Esta acusación abre un debate sobre la gestión de tierras y la seguridad en áreas protegidas.
Hasta el momento unos 100 brigadistas, apoyados por el gobierno nacional y provincial, luchan incansablemente contra el fuego. Asimismo, se han desplegado aviones y helicópteros para el mismo fin, aunque su uso se ha visto limitado a causa del humo y el viento.
De igual manera, en un comunicado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, comenta que se ha creado un Comando Unificado, en el que intervienen fuerzas del propio Parque Nacional, del Gobierno de la provincia de Chubut y del Poder Ejecutivo, por medio del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, para superar esta crisis.
El foco del incendio está ubicado en Bahía Rosales , una zona de acampada sobre el Lago Futalaufquen, en la región centro del Parque Nacional.
Foto: AFP | Fotógrafo: HANDOUT
El incendio, además de amenazar la biodiversidad del parque, también impacta en las comunidades locales. Asimismo, los daños colaterales como la pérdida de hábitat natural, la calidad del aire y la posible afectación a la economía regional son preocupaciones crecientes.
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Hasta el momento, se debate la implementación de acciones más agresivas para la prevención y el manejo de desastres naturales en áreas protegidas. Además, pone en evidencia la necesidad de un análisis profundo sobre la gestión de conflictos territoriales y ambientales en el país.