El proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno de Colombia despertó una ola de indignación en forma de protestas masivas a lo largo del país, las cuales se encontraron con la represión de las fuerzas policiales. Organismos internacionales han mostrado su rechazo al uso desmedido de la fuerza en estas protestas, que registran 19 muertos, decenas de desaparecidos y centenares de heridos.
La situación llevó al presidente Iván Duque a pedir al Congreso que se retire la propuesta de ley y condujo a la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entretanto, se ha anunciado la continuidad de las protestas.
En principio, la reforma planteada proponía una serie de medidas que, en su intento por remediar el estado de las arcas ante la pandemia del coronavirus, golpearían especialmente a la clase media, según expertos consultados por agencias internacionales.
El proyecto de reforma tributaria impulsado inicialmente por Iván Duque tenía por meta ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana cause la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y generar un fondo para la conservación ambiental.
Esto pretendía ser una respuesta a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus. Dicho indicador se contrajo 6,8% durante dicho año y el desempleo alcanzó el 18,1% en febrero de este año. El proyecto del Gobierno intentaba recaudar unos 23,4 billones de pesos (6.294 millones de dólares) entre 2022 y 2031, un 2% del PIB.
Para ello, las reformas anunciadas incluían el cobro del impuesto a la renta a las personas que ganen más de 2 400 000 pesos (unos 663 dólares) mensuales a partir de 2022. Desde el año siguiente (2023) también se aplicaría a quienes tengan un salario mensual de 1 400 000 pesos (unos 374 dólares) o más.
En Colombia, el sueldo mínimo está actualmente en 908.526 pesos (alrededor de los 238 dólares), y el citado impuesto venía aplicándose a quienes ganan más de 1.000 dólares al mes.
Según analistas, la clase media de Colombia hubiera sido la más castigada por las reformas. Foto: EFE
Por otra parte, el proyecto contemplaba exigir impuestos del 19% a los servicios públicos en los sectores de clase media y alta, así como a algunos productos de la canasta básica, servicios funerarios, productos electrónicos, gasolina y otros rubros.
También se incluía un impuesto adicional al patrimonio de las personas con más ingresos, del 1% para quienes tuviesen un patrimonio por encima de 1,35 millones de dólares, y del 2% si este supera los 4 millones.
Las protestas públicas contra la iniciativa de reforma tributaria obligaron al presidente Duque a solicitar al Congreso el retiro del proyecto de ley y la tramitación urgente de “un nuevo proyecto fruto de los consensos” para que se pueda “evitar la incertidumbre financiera”.
Según anunció el mandatario, esta versión de la propuesta sería distinta a la anterior. “El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo”, sostuvo.
En cambio, se mantendrían aspectos como la sobretasa de renta a personas con ingresos más altos, el incremento transitorio de los dividendos, la sobretasa de renta temporal a las empresas, la prórroga del impuesto al patrimonio de manera temporal, y la profundización de programas de austeridad del Estado.
Según anunció Iván Duque, "nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo". Foto: EFE
“La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad”, aseguró Duque, quien espera que la nueva reforma permita sostener programas como el Ingreso Solidario, la devolución del IVA a los hogares más vulnerables y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
El lunes 3 de mayo, el Ejecutivo inició el diálogo con representantes de los partidos políticos de coalición de gobierno sobre la reforma tributaria y otros temas de interés nacional.
“Continuaremos ese diálogo constructivo con los partidos independientes y escucharemos propuestas de la oposición y demás sectores de la vida nacional”, indicó Daniel Palacios, ministro del Interior, vía Twitter.
No obstante, varios políticos de oposición y el expresidente conservador Andrés Pastrana exigieron la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, principal artífice de la propuesta tributaria. Este último dimitió a su cargo ese lunes 3. “Mi continuidad en el Gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”, explicó en su carta de renuncia.
El ministro se convirtió en el villano de la actual crisis por la dureza del fracasado proyecto de reforma fiscal. Foto: EFE
A lo largo de casi una semana, miles de personas salieron a las calles para mostrar su rechazo a la propuesta del Gobierno en varias de las grandes ciudades del país. No obstante, enfrentaron la represión policial. El uso desproporcionado de la fuerza ha sido condenado por Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos, cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
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Hasta el lunes 3 de mayo, la Defensoría del Pueblo había reportado 19 fallecidos y 89 desaparecidos durante la jornada de manifestaciones. Asimismo, el Ministerio de Defensa dio una cifra de 846 heridos, 306 de ellos civiles.
Por su parte, el Comité Nacional del Paro, conformado por Fecode, movimientos estudiantiles y centrales obreras, llamó a una nueva gran movilización para este miércoles 5 de mayo. Sus reclamos incluyen el retiro del proyecto de ley 010 de la reforma de Salud, la detención de las erradicaciones forzadas y las aspersiones con glifosato, y la creación de una nueva renta básica por lo menos de un salario mínimo, entre otros.