
En un movimiento que ha generado debate, el Gobierno de España ha anunciado una nueva reforma en materia de vivienda, que concluye la creación de un nuevo impuesto destinado a los compradores extranjeros no residentes. La medida forma parte de un paquete de 12 iniciativas propuestas por el presidente Pedro Sánchez.
El nuevo impuesto, que podría alcanzar hasta el 100% del valor de referencia del inmueble, solo afectará a personas extranjeras no residentes. La propuesta, enmarcada dentro de un plan de convertir a la vivienda en el "quinto pilar del Bienestar", es una respuesta al contundente encarecimiento del mercado por compras especulativas.
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El Gobierno de España ha presentado una ambiciosa estrategia que busca dar un impulso necesario para garantizar el derecho a la vivienda. Esto luego de que, el presidente Pedro Sánchez ha calificado como "el quinto pilar del Estado del Bienestar".
El plan del Ejecutivo está conformado por un conjunto de 12 medidas clave y trata de frenar la especulación en el sector vivienda y posibilidad de acceder mediante tres ejes fundamentales: más oferta, mejor regulación y mayores ayudas públicas.
Una de las decisiones más controvertidas del paquete es la creación de un nuevo impuesto que afectará únicamente a las personas compradoras, que sean extranjeras no residentes, de países ajenos a la Unión Europea.
Dicha imposición, según ha detallado el Ejecutivo, podrá alcanzar hasta el 100% del valor de referencia del inmueble, constituyéndose así como una medida sin precedentes en el panorama de la imposición en Europa.
La finalidad que tiene el Gobierno en la medida es: intentar disuadir las personas compradoras especulativas que puedan ser grandes patrimonios, fondos internacionales o personas que no tienen intención de residir en el país.
Según datos del Consejo General del Notariado, en 2023 las compraventas de viviendas efectuadas por extranjeros representaron un 20,9% del total de operaciones (63.183), por encima del 20,6% de promedio en 2022.
"Estas operaciones, en muchos casos, no responden a proyectos de vida, sino a inversiones especulativas, segundas residencias o compras realizadas por grandes patrimonios y fondos internacionales", detalló Etna Estrems autora de la iniciativa.
La medida ha puesto aviso a los especialistas del ámbito jurídico. Dentro de la materia tributaria y de la propiedad, los abogados han expresado sus reservas sobre la legalidad del tributo.
Ángel Sánchez, socio del bufete de abogados Golden Partners, advierte el riesgo de inconstitucionalidad de este tributo por su carácter potencialmente confiscatorio, y por lo tanto, violando el artículo 31 de la Constitución Española.
Por otra parte, Sánchez advierte que esta carga tributaria podría vulnerar los principios de libre circulación de capitales, especialmente si discrimina a extranjeros no comunitarios. En la práctica, actúa como un arancel inmobiliario.
"No hay precedentes conocidos en derecho comparado que justifiquen una figura similar con ese nivel de agresividad fiscal", declaró Sánchez en diálogo con el medio El Cronista.

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