Ordenan entregar información de bienes y rentas de fiscal de la Nación, incluida parte de la reservada
Tribunal de Transparencia ordenó a la Fiscalía entregar a un ciudadano las declaraciones juradas de Patricia Benavides desde 2017 al 2022.
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La Primera Sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ordenó al Ministerio Público entregar la data de las declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluida la que es considerada reservada.
En un inicio, la información fue solicitada por el abogado Fernando Barrionuevo Blas en agosto de este año. Sin embargo, tras el plazo de ley, no hubo respuesta por parte de la Fiscalía, por lo que el letrado consideró que el pedido fue negado por silencio administrativo.
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Luego, en octubre, Barrionuevo Blas interpuso una apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instancia que declaró fundado el recurso.
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En sus descargos, el Ministerio Público alegó que no estaba en su posesión la data requerida. No obstante, en la resolución difundida por LP Derecho, se consigna que la ley que regula la presentación de declaraciones juradas establece que, antes de ser enviadas a la Contraloría, estas son remitidas a la dirección general de administración de la entidad en la que labora el funcionario o servidor público.
“No se advierte que la entidad haya requerido la información solicitada a la unidad orgánica competente de la entidad que, en méritos a sus funciones, se encuentre vinculada con la documentación materia de la solicitud”, se lee en el documento.
Información reservada
Las declaraciones juradas constan de dos secciones: ‘información pública’ e ‘información reservada’. Fernando Barrionuevo solicitó acceso a la segunda.
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En ese sentido, la Primera Sala del Tribunal de Transparencia recordó que el Tribunal Constitucional ya estableció que sí se puede transparentar parte de la data que se considera reservada. Esta es la correspondiente a bienes muebles e inmuebles, e ingresos provenientes del sector público.
Se considera una vulneración al derecho a la intimidad la entrega de la información sobre bienes e ingresos provenientes del sector privado, bienes muebles no registrables y la relativa a ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero de los servidores públicos y de la sociedad de gananciales.
“En el supuesto de que exista información protegida por una excepción contemplada en la ley de Transparencia, es perfectamente viable que se proceda a entregar la documentación pública solicitada, procediendo a tachar la información que se encuentre protegida por las excepciones contempladas en la ley de Transparencia”, advierte el colegiado.
Según el Ministerio Público, la información requerida por el ciudadano fue remitida esta semana.
