Ministro Belaúnde niega haber participado en interrogatorio a detenidos por caso Trujillo pese a fotos
Mientras tanto, el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, respaldó la diligencia policial, argumentando su valor investigativo frente a las críticas del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
La República en GoogleEl ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó haber participado en el interrogatorio realizado por la Policía a los detenidos por el secuestro del comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo.
Sus declaraciones se producen mientras el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, defiende la diligencia policial y asegura que tuvo valor investigativo, pese a que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, sostuvo que esa entrevista "no tiene ninguna validez".
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Belaúnde afirmó que su presencia estuvo relacionada únicamente con la verificación del ‘‘estado físico y de salud’’ de los detenidos, en el marco de la coordinación del estado de emergencia en Trujillo. “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio o mucho menos”, declaró este domingo desde el Grupo Aéreo N.° 8.
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El titular del Ministerio de Defensa sostuvo que tanto Gálvez como el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, habían señalado que no existía una actuación ilegal en acercarse a verificar la condición de los intervenidos. Sin embargo, reconoció que su presencia podía resultar “poco atinado” o “poco conveniente”.
PNP reivindica interrogatorio cuestionado
La versión del ministro ocurre en medio de una controversia entre las autoridades encargadas de la investigación. Revoredo defendió el interrogatorio preliminar realizado por agentes policiales a los detenidos y sostuvo que se trató de diligencias “urgentes e inaplazables”.
El jefe de la Dirincri incluso afirmó que la información obtenida durante esas entrevistas puede convertirse en un elemento de investigación. Según explicó, los agentes realizaron preguntas sobre el lugar de procedencia, estudios, actividades y otros datos de los intervenidos que luego podían ser verificados.
Revoredo sostuvo, además, que la Policía cuenta con facultades constitucionales y legales para realizar determinadas diligencias sin esperar previamente una orden fiscal o judicial. Bajo ese argumento, defendió la actuación policial en la búsqueda del lugar donde habría permanecido secuestrado Lara.
No obstante, esta postura choca directamente con lo expresado por el fiscal de la Nación. Gálvez calificó la entrevista policial como una diligencia sin valor para la investigación y cuestionó que los detenidos fueran expuestos públicamente. Para el titular del Ministerio Público, la presentación ante los medios podía afectar la reserva del caso y la estrategia de investigación.
Versiones cruzadas en el Gobierno
La discrepancia deja expuesta una preocupante falta de una versión uniforme entre las instituciones que conducen la investigación de uno de los casos criminales más graves ocurridos recientemente en Trujillo. Mientras la PNP reivindica sus procedimientos y asegura que actuó dentro de sus facultades, la Fiscalía cuestiona tanto la utilidad de la entrevista como la exposición pública de los detenidos.
Belaúnde, por su parte, respaldó el trabajo policial y calificó de “acertado” el operativo que permitió ubicar la presunta “caleta” donde habría estado retenido el empresario minero. Aseguró que las hipótesis policiales se irán confirmando conforme avance la investigación y que “toda la bulla” generada alrededor del caso terminará disipándose.
El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes participaron en el secuestro de Lara y en el asesinato de sus cuatro acompañantes. La controversia sobre el interrogatorio, sin embargo, vuelve a poner bajo la lupa la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público en un contexto de creciente criminalidad y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para responder a delitos de alto impacto.
