Un asunto de machos, pero no de muchos, por Rosa María Palacios

¿Por qué quería el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, detener por delito electoral a altos funcionarios de la ONPE apenas realizada la segunda vuelta? La historia que ha contado esta semana el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, en entrevista radial en 'Exitosa', va más allá de las desavenencias institucionales. Gálvez, a quien espero no califiquen de caviar (término que él mismo usa despectivamente), narró que no tiene trato personal con Arriola desde que este le exigió detener a altos funcionarios de la ONPE de manera arbitraria. Cabe anotar que el fiscal de la Nación no es, ni remotamente, enemigo político del actual régimen.

Como todos recuerdan, las elecciones en primera vuelta no se realizaron en un conjunto de colegios de Lima, por falta de despliegue de material. Pospuestas hasta el día siguiente, la propuesta pública de Rafael López Aliaga fue declarar la nulidad del proceso. Desde las primeras horas del domingo 12 de abril, alegó fraude. Varias cosas se han sabido después. La primera es que el despliegue de ese material (el que no llegó y el que llegó tarde) correspondía a locales de votación muy cercanos al almacén de la ONPE. No había ninguna razón logística para la tardanza, cuando el material se había desplegado con éxito en puntos remotísimos de todo el Perú. Lo segundo, el JNE lo sabía. El sábado 11 sus fiscalizadores concurrieron a los locales a verificar y reportaron que el material no había llegado. Esa noche todos los reportes habían llegado. Nunca llamó a la ONPE a reportar.

Luego vino la persecución a Corvetto. Y aquí el relato de Gálvez es una pieza nueva del rompecabezas. Las faltas eran administrativas, pero no penales. Sin embargo, el procurador del JNE fue instruido por el presidente de la institución para que ese mismo lunes 13 lo denunciara, junto a otros funcionarios, por delitos contra el derecho de sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Según el fiscal de la Nación, Arriola lo increpó, exigiéndole capturas en flagrancia. Evidentemente, era arbitrario. Los actos imputados, de ser ciertos, habían concluido el lunes 13 en la noche. Arriola le indicó que sus fiscales no eran “machos”. La narración textual de Gálvez es: “Doctor, ¿qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, esto es para machos”.

¿Qué significaba detener en flagrancia por estos supuestos delitos electorales? Dejemos que lo explique el mismo fiscal: “Si se detenía a todos en supuesto flagrante delito electoral, se anula el proceso electoral. No podía ser y además no había flagrancia”. Ni Arriola, ni Gálvez son ingenuos. ¿Por qué Arriola buscaba la nulidad del proceso? ¿El JNE buscaba lo mismo? ¿Por eso se necesitaba “valor”?

La hipótesis de un sabotaje interno contra Corvetto para declarar nulo el proceso adquiere una nueva dimensión con esta información, aunque faltan más piezas. ¿Por qué no lo lograron? Posiblemente porque no contaron con la respuesta de Gálvez, ni con un hecho ilegal y, por ello, probablemente descartado por los conspiradores: Corvetto renunció. Al aceptarse su renuncia y al no haber ningún delito probado (al no haber flagrancia, pasa a investigación) no hay nada que anular. Ante estos hechos se puede apreciar mejor la desesperación de López Aliaga (todos conocíamos las encuestas no publicadas en las que él no ganaba) amenazando con sodomizar al presidente del JNE si no declaraba nulas las elecciones.

Un detalle más, uno de esos extraños momentos que no significan nada si no se tiene contexto. Tengo a la vista un oficio del 11 de abril dirigido al entonces secretario general de la ONPE. Se lo envía el secretario general del Ministerio del Interior. En este documento se le pide que se incorpore a Oscar Arriola el domingo 12 de abril en el Centro de Soporte (Sede principal de la ONPE). ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? También tengo la respuesta de la ONPE. Le dijeron que no, porque ahí solo podía estar un oficial de enlace que ya había sido designado, con su adjunto. ¿Para qué quería estar el comandante general de la Policía ahí? ¿Qué michi le tocaba hacer en el Centro de Soporte? ¿Por qué este apresurado pedido un día antes de las elecciones, cuando ya los fiscalizadores del JNE sabían e informaban que el material no había llegado?

Esta historia continuará, no hay duda. Dos asuntos más sobre la lucha contra el crimen. Luego del desastre de Trujillo, queda claro que por arrebatarle la investigación a la Fiscalía y entregársela a la Policía, ninguna de las dos instituciones está funcionando bien. La Policía no hace bien actuando sin consultar. Cuando lo hace, presenta presuntos delincuentes enanos o le hace una galería de fotos a un ministro de Defensa que nada tiene que hacer interrogando (“conversando”) con delincuentes, con el riesgo de contaminar todo el proceso. Con la cantidad de abogados que hay en el gabinete, ¿no hay uno que por piedad le pueda explicar al ingeniero Belaunde todo lo que hizo mal? Está bien no saber, pero se pregunta. ¿O Arriola tampoco sabía?

Un asunto final para el ministro de Defensa y la presidenta. No necesitan facultades para vencer al delito. El que les vendió el cuento de declarar “hostiles” a organizaciones criminales los ha engañado y mal. El decreto legislativo 1095, artículo 3, inciso f, tiene una definición acotada de qué cosa es un grupo hostil. El requisito esencial (que no tienen Los Pulpos, la Jauría o el Tren de Arawa) es que se alzan contra el Estado, de forma prolongada con armas de fuego. Eso fueron Sendero Luminoso o el MRTA. No los chalecos de la minería ilegal. Tampoco sirve para sacar una ametralladora y disparar contra población civil. No se hagan ilusiones.

La definición se ajusta a los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1977. Supongo que sus asesores los han informado sobre su vigencia, ¿verdad? Y supongo que no pretenden modificar un tratado internacional con facultades legislativas. Espero no equivocarme. Aunque con Fernando Rospigliosi, violar tratados internacionales ya es cosa conocida.