Congresista pretende anular capacidad sancionadora de la ATU pese a aumento del transporte informal

Pese a que las vías de Lima y Callao se encuentran saturadas por las combis ‘piratas’ y los autos colectivos, el congresista Luis Cordero Jon Tay pretende debilitar la capacidad sancionadora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Con el respaldo de seis de sus colegas de la bancada de Somos Perú, el parlamentario presentó el proyecto de ley n° 11272 que deroga el artículo 6 de la Ley que crea la ATU en Lima y Callao. De esta manera, con esta modificación plantea que dicha entidad no “ejerza más sus facultades coactivas de acuerdo con la normativa aplicable”.

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Según el legislador que perteneció a la bancada fujimorista, “el enfoque actual de la ATU centrado en la sanción y la ejecución forzada ha fracasado en su objetivo disuasivo porque, al contrario, ha incentivado el incumplimiento, ha desbordado los depósitos y ha promovido el abandono de vehículos”.

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“Con esta derogación se pretende reorientar las funciones de la ATU hacia una lógica de fiscalización preventiva, sensibilización ciudadana y reconstrucción del principio de autoridad mediante medios tecnológicos de fiscalización y sanción indirecta”, sustentó en su iniciativa.

Rechazan la iniciativa

No obstante, este proyecto de ley ha generado el rechazo de instituciones, como la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y la ONG Luz Ámbar.

“Esta propuesta genera serios riesgos porque la ATU perdería su capacidad castigadora. Sin ejecución coactiva, las sanciones impuestas a los transportistas informales o reincidentes carecerán de efecto real. Eso podría incrementar la presencia de servicios inseguros y de baja calidad”, advirtieron voceros de la AAP.

Afirmaron también que el proyecto de ley desprotegería a los operadores del transporte formal, como el Metropolitano y los corredores complementarios, porque se promoverá una competencia desleal a los concesionarios de las vías.

Eso último ya sucede, por ejemplo, con los autos colectivos que asfixian a los corredores Azul y Rojo al quitarles pasajeros, sobre todo en las avenidas Arequipa, Wilson, Tacna, La Marina y Javier Prado.

Los voceros de la Asociación Automotriz del Perú aclararon que la ejecución coactiva no constituye un abuso de poder sino una herramienta legal indispensable para garantizar el cumplimiento de las sanciones.

“El sistema de transporte público necesita una autoridad que actúe con firmeza y tenga capacidad de acción, no una entidad limitada en sus funciones. No podemos retroceder en todo lo que ya se ha avanzado”, reiteraron tras solicitar al Congreso y al Ejecutivo que refuercen las capacidades de la ATU en vez de limitar sus atribuciones.

El director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, cuestionó que desde el Congreso se estén impulsando proyectos de ley que solo benefician a los malos conductores y los transportistas infractores de las normas de tránsito.

“El mensaje que le damos a los conductores es totalmente errado. En lugar de endurecer las sanciones, se están suavizando”, manifestó tras lamentar que el mes pasado se propuso reducir las penas a los choferes ebrios.

Otro proyecto de ley cuestionado

Y en efecto. En abril pasado, el congresista de Podemos Perú, Jorge Flores Ancachi, presentó una iniciativa para permitir que los choferes con brevetes inhabilitados por manejar en estado de ebriedad vuelvan a conducir tras pasar por un curso de reeducación vial y pagar una multa, incluso, accediendo a descuentos.

“Cómo se puede plantear eso si son choferes que han puesto en riesgo la vida de otras personas. Es una falta de respeto tratar de beneficiarlos con una reducción de multa y un simple curso. Es una burla a los esfuerzos por reducir los accidentes”, aseveró.

Finalmente, Quispe Candia lamentó que el Congreso no se interese en fortalecer el sistema de brevetes, mejorar la fiscalización y endurecer las penas.