Cambio de nombre del Mininter, ¿otra medida sin sustento?
El anuncio de la presidenta Dina Boluarte ha generado desconcierto, dudas y críticas entre algunos expertos, exministros y alcaldes que creen que es una medida equivocada e inoportuna. Consideran que un cambio de nombre no significa nada sino va acompañado de un verdadero plan de lucha contra la criminalidad.
El cambio de nombre del Ministerio del Interior por el de Ministerio de Seguridad Pública anunciado por la presidenta Dina Boluarte, ha generado desconcierto, dudas y críticas entre algunos expertos, exministros y alcaldes que creen que es una medida equivocada e inoportuna.
Y es que consideran que un cambio de nombre no signfica nada sino va acompañado de un verdadero plan de lucha contra la criminalidad, que parecer no existir en el Gobierno.
Y es que, según señalan, la administración Boluarte no parece tener un rumbo claro en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
El exfiscal y exministro del Interior Avelino Guillén, sostiene que el incremento de la actividad delictiva en los últimos años es algo que no se puede negar. “La inseguridad ciudadana es hoy el principal problema del país. Frente a ello el Gobierno ha respondido con anuncios efectistas como el cambio de nombre a Ministerio de Seguridad Pública, sin ningún sustento, ni explicación, lo que revela la ausencia de una estrategia integral para combatir el delito”.
Y añade que una de las medidas indispensables para combatir la delincuencia es el fortalecimiento de las unidades operativas de la Policía, “pero en lugar de ello se han implementado medidas para debilitar la labor, por ejemplo, de la Diviac, unidad encargada de investigaciones de delitos de alta complejidad”.
Delincuencia y criminalidad en Perú. Foto: difusión
¿Cómo enfrentar eficazmente a la delincuencia si se debilitan a sus principales unidades operativas?, ¿cómo derrotar al crimen sin contar con una estrategia integral?
Guillén considera que “para avanzar en la lucha contra la delincuencia es imprescindible la presencia activa, la colaboración y participación de la ciudadanía. Pero, ¿cómo lograr esa unidad si se pretende utilizar a la Policía con fines políticos para tratar de impedir la protesta ciudadana y la libre expresión?”, pregunta.
“Los cambios de nombre de las instituciones, para su justificación y relevancia, tienen que ser producto de un estudio y discusión con amplitud, dentro de la ejecución de una estrategia para combatir a la delincuencia”, subraya.
Delincuencia en Perú. Foto: difusión
En su mensaje a la nación del 28 de julio, la presidenta Boluarte dijo que “la pandemia del Covid-19, la migración masiva de extranjeros, el crimen organizado transnacional y la criminalidad urbana, entre otros factores, han evidenciado la necesidad de reformular las estructuras y funciones que desempeña el Ministerio del Interior a fin de que responda con mayor eficacia a los desafíos.
En ese contexto, señaló “se ha iniciado un proceso de modernización integral del Ministerio del Interior, priorizando la atención oportuna al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de todo indicio de corrupción”.
Este proceso de modernización incluye el cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública, cuyo proyecto de Ley entregó al Congreso de la República con la finalidad de que sea tramitado “con carácter de urgencia”.
Delincuencia en Perú. Foto: difusión
Es una propuesta inoportuna
“En tiempos de delincuencia exacerbada, una propuesta así resulta inoportuna, porque no suma nada en favor de la lucha contra la inseguridad”, indica por su parte el exministro del Interior Wilfredo Pedraza.
“Desde mi perspectiva, todas las actividades que podrían derivarse de la expresión “seguridad pública”, ya están incluidas en la actual Ley de Organización y Funciones de ese ministerio, que, además, tiene dos viceministerios, uno de los cuales, precisamente, se denomina de seguridad pública. Del proyecto de ley no se infiere que, a partir de la modificación, se puedan derivar acciones para combatir nuevas expresiones de la actividad delictiva”, precisa.
Por ello, Pedraza estima que la normativa existente regula ya todos los aspectos relacionados con el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana. “En esa línea, la propuesta, además de no tener incidencia en la seguridad, generará gasto innecesario para su implementación. La lucha contra la delincuencia requiere hoy de mensajes claros a través de una institución con identidad legitimada; el proyecto, va en sentido contrario”, argumenta.
Policía Nacional del Perú. Foto: difusión
No va a resolver el problema
Por su parte, Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, uno de los distritos limeños más golpeados por la delincuencia, señala que el cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública no va a resolver el grave problema de la delincuencia.
“Nuevamente, el Gobierno se equivoca al creer que medidas temporales -como lo fue en su momento la declaratoria del estado de emergencia- ayudarán a la lucha contra la delincuencia y criminalidad. Lo que se requiere es un plan integral y no encontramos esbozo de ello en las 79 páginas del discurso”, precisó.
La presidenta Boluarte señaló en su mensaje que la lucha contra la inseguridad significa para el Gobierno una presencia más firme de las fuerzas del orden en todo el país, “por eso, desde el 2023 venimos desplegando esfuerzos en las zonas que registraban los índices de delincuencia más altos”.
Por ello, señaló, “la Policía ha potenciado su estrategia de intervención contra la delincuencia común y la criminalidad organizada, empleando esta vez un ataque integral con todos sus recursos, al cual se añade la articulación con los gobiernos regionales y locales”.
En el año 2023, según Dina Boluarte, se desarticuló más de 11.600 bandas y 180 organizaciones criminales, y, en lo que va del 2024, se ha desbaratado 112 redes criminales y detenido a miembros de al menos 7 mil bandas delictivas a nivel nacional.
En un error cambiar el nombre
Sobre el cambio de nombre del Ministerio del Interior, el también exministro Cluber Aliaga Lodtmann considera que es “un error”. “Lo más importante para un Estado moderno es su población, ya no el poder político o el territorio. Además, permite que la propia población participe en la organización, planificación y control de los servicios de seguridad”, expresa.
Para Aliaga, el concepto de Seguridad Ciudadana resulta estar más acorde con los nuevos tiempos y con la democracia representativa, donde el gobernante es un ciudadano igual a cualquier otro.
Señala que se debe tener en cuenta que el Mininter, que tiene a su cargo a la Policía, cumple otras funciones constitucionales de igual o superior importancia al de Seguridad Pública, como, por ejemplo, garantizar, mantener y restablecer el Orden Interno; participar en la Seguridad y Defensa Nacional, así como en el Desarrollo Económico y Social del país, la Seguridad de las Fronteras, entre otros.
Anunciaron más policías en el mensaje presidencial
La PNP cuenta con alrededor de 135.000 efectivos, pero se requieren más policías en la categoría de suboficiales para garantizar la seguridad ciudadana y orden interno.
Sobre ello, la presidenta Boluarte señaló que “el año pasado nos comprometimos a incrementar el número de policías que egresarán de las escuelas, y hemos cumplido”.
Agregó que este año, de manera extraordinaria, egresarán 5,992 policías y para el 2025 continuarán los egresos extraordinarios de agentes de las escuelas de formación.
“El número de oficiales de nuestra Policía debe obedecer a una estructura piramidal y proyectada al futuro, que garantice el proceso de modernización, el ejercicio del mando y que responda a los lineamientos de una policía estratégica, menos burocrática y comunitaria”, precisó.
Y solicitó al Congreso que autorice el cambio de categoría de suboficiales con profesión de abogado a la categoría de oficiales, cuya aprobación permitirá la recategorización de 200 profesionales, fortaleciendo la atención especializada en la práctica penal, civil, administrativa, constitucional y disciplinaria.
