Continúa la seguidilla de feminicidios: van 5 mujeres asesinadas en julio
Crímenes fueron cometidos en Loreto, Tumbes, San Martín, Arequipa y Puno.
Absalón Urbina Chapilliquen y Édgar Ninasivincha, acusados de asesinar a sus parejas en Tumbes y Arequipa. Foto: difusión
Tras una seguidilla de feminicidios, el asesinato de Enith C.P. fue demasiado. Su exesposo, José Esteban Cappa Castillo (49) la atacó con un machete en la localidad de Saramiriza, distrito de Manseriche, región Loreto y, horas después, el presunto feminicida fue hallado sin vida en una chacra. No se descarta un suicidio.
Los vecinos aseguraron que no era la primera vez que Enith era violentada. El ataque ocurrió la noche del martes. A pesar de los esfuerzos de sus familiares por trasladarla a un centro hospitalario, la víctima falleció debido a las graves heridas que tenía en el cuello y en el rostro. Ella deja dos hijos en la orfandad.
En tanto, un equipo multidisciplinario del Centro de Emergencia Mujer Datem del Marañón y Condorcanqui llegó a Saramiriza para brindar atención social, legal y contención emocional a familiares de la víctima. “Impulsaremos acciones de ley para lograr justicia”, indicaron miembros del Programa Nacional Aurora del MIMP.
La violencia machista no cesa. Este año, de enero a junio, hubo 86 feminicidios, según registros oficiales de la División de Homicidios. En lo que va de julio ya han sido asesinadas 5 mujeres en diversos lugares del país.
OTRAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO
La noche del 2 de julio, el albañil Édgar Ninasivincha Alcahuamán (26) se convirtió en el principal sospechoso de asesinar a la madre de sus dos hijos. El crimen de Rosalía O.Q. (24) ocurrió en su vivienda de la UPIS Señor de Huanca, en Cayma, Arequipa.
El jefe de la División de Investigación Criminal, coronel PNP Edward Vásquez Acaro, informó que el sospechoso llamó a la policía de la comisaría de Casimiro Cuadros y dijo que se había suicidado, hecho que fue descartado. El presunto feminicida tenía denuncias por violencia familiar y había orden de alejamiento.
El pasado viernes 5 de julio Leidy B. A.R. (27), quien se encontraba con 4 meses de gestación, fue asesinada por su pareja Absalon Frank Urbina Chapilliquen (28). Este la acuchilló y transportó hasta un descampado donde lo quemó. Absalon fue grabado por cámaras de seguridad trasladando los restos y al ser confrontado por las autoridades terminó confesando su delito cometido en Pampa Grande, Tumbes.
Tres días después, Edith C.C. (32) fue encontrada muerta en su dormitorio en la urbanización Santa Adriana, en Juliaca, Puno. Tenía más de 10 horas de fallecida. Su familia sindica a su esposo Richard Pocohuanca Pérez como autor de este crimen. Él tiene 13 denuncias por violencia física y psicológica. La víctima deja 4 hijos e hijas de 16, 5 y 6 años y una pequeña 8 meses de nacida.
Y el 10 de julio último, Abahit S.R., una joven que acababa de terminar su carrera de comunicación social y que radicaba en Rioja, región San Martín. Su teléfono y chip fueron encontrados en Chiclayo. Su madre pide que investiguen para saber que paso con su hija. Solicitó al fiscal Franklin Orlando Gutiérrez, de la fiscalía de Rioja, que no archive el caso.
SERVICIOS COORDINADOS
Pamela Torres, asesora legal de asociación Familias Unidas Por Justicia: Familiares de Víctimas de Feminicidios, sostiene que para prevenir y abordar esta ‘otra pandemia’, “la Policía, los sistemas de justicia penal y los servicios sociales y de salud deben proporcionar una gama más completa de servicios coordinados”.
Además, los hombres deben participar en los esfuerzos para combatir la violencia en relaciones íntimas de pareja y en el entorno familiar, así como “en el cambio hacia normas culturales alejadas de la masculinidad violenta y los estereotipos de género”.
En Perú, efectivamente, “falla el poder judicial, tardan muchísimo y, en muchos casos hay jueces que son absolutamente machistas”, comenta. “Muchísimas de las mujeres víctimas de feminicidio habían hecho denuncias varias veces; y sus victimarios, medidas cautelares” y, aún así, fueron asesinadas, lamenta.
Además, pese a todos los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y organizaciones de base como los colectivos feministas, los servicios de atención a las víctimas no dan abasto pues, especialmente en el interior del país, no son suficientes ni suficientemente conocidos o asequibles, dice.
