Los megaproyectos que Piura tiene pendientes y el Ejecutivo niega a la región

Los megaproyectos que la región Piura tiene en compás de espera han generado muchas expectativas en la población, esperanzas que se vieron atizadas por los anuncios y compromisos que asumieron la misma presidenta Dina Boluarte y los ministros de las carteras correspondientes. La ministra Hannia Pérez de Cuéllar, en particular, ha sido una de las voceras más entusiastas que prometían hacer realidad los proyectos encaminados desde su sector. Sin embargo, esta semana se han empezado a anular las licitaciones o a estancar por ‘falta de presupuesto’ o ‘cuestiones legales observadas’.

Esto ha generado que tanto la población como sus autoridades salgan al frente y se declaren burlados. “Es una burla para los piuranos, saldremos a protestar”, ha dicho el alcalde de Piura, Gabriel Madrid. “Propongo una Plataforma Regional de Lucha por estos proyectos”, secunda el alcalde provincial de Morropón Chulucanas, Richard Baca Palacios.

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¿A qué obras se les declaró la nulidad del proceso de licitación?

Una de las obras declaradas nulas fue la construcción del Puente Carrasquillo, que conecta a Morropón con el resto de la región y del país. El pasado 22 de marzo, a través del Informe 239 de Provías Nacional del MTC, se concluía que se niegue la firma de contrato y que no se suscriba la Licitación Pública 01-2023-MTC/20 “por la causal de recorte presupuestal”.

“Es una burla que perjudica a más de 250.000 habitantes de la sierra de Piura”, dijo el alcalde del distrito de Morropón, Edin Sullón Aranda. Las autoridades aseguran que este puente es medular y es un clamor de muchos años.

La construcción para reemplazar la vieja infraestructura que está sobre el río Piura, cerca de su naciente, trata de una inversión aproximada de 437 millones de soles para una longitud de 540 metros, obra que beneficiaría a distritos y provincias de la sierra piurana, que incluye el Corredor Andino Central.

Proyecto de agua para 96 asentamientos

Mientras en la sierra la desazón se agudizaba, en Piura capital, la expectativa se centraba en el megaproyecto de agua y alcantarillado para 96 asentamientos humanos, el mismo que trasformaría la realidad en la que ahora viven miles de familias en Piura (Castilla y Veintiséis de Octubre) después del explosivo crecimiento urbano que ha experimentado esta metrópoli en las últimas décadas.

La población en los últimos años ha venido exigiendo este proyecto como prioritario para Piura. Entendiéndolo así, todo el 2023, la ministra Hannia Pérez de Cuéllar no dejó de mencionarlo, de reunirse con autoridades y población e, incluso, en hacer ceremonias en las que se comprometía con hacerlo realidad y tener la orden directriz de la presidenta Boluarte para que este megaproyecto se haga realidad. Lo cual fue una total mentira, así lo dijo el alcalde de Piura, Gabriel Madrid.

La tarde del 27 de marzo, se publicó la Resolución Directoral 061 del Programa Nacional de Saneamiento Urbano y declara “la nulidad de oficio del procedimiento de selección correspondiente a la Licitación Pública 02-2022-VIVIENDA/PNSU-1 (...) por la causal de la contravención de las normas legales”.

Las reacciones fueron inmediatas. Los dirigentes de la sociedad civil acusaban al Gobierno de traición y aseguraron el perjuicio para más de 400.000 piuranos que están comprometidos en este proyecto que empezaron a trabajar desde el 2015. El alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orué, denunció lo sucedido como un “atentado nocivo e injustificable contra los intereses de la provincia de Piura”; además, rechazó “el mal proceder de algunos funcionarios del Ministerio de Vivienda, que con su decisión han traicionado a todo un pueblo”.

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Desde el distrito Veintiséis de Octubre, el alcalde, Víctor Hugo Febres, lamentó lo sucedido y expuso que el impacto es contra, al menos, 27 asentamientos humanos de su jurisdicción. “Se retrasa el progreso y desarrollo de todo un pueblo. Todo se retrasa, es injusto”, declaró.

 Por su parte, el congresista piurano Miguel Ciccia explicó que los argumentos para anular de oficio esta licitación son muy banales e indicó, por ejemplo, que, desde el 22 de noviembre del 2023, las bases del proceso tenían componentes observados y, recién el 28 de febrero del 2024, el comité comunicó que existen observaciones con causante de nulidad.  

Tanto Madrid como las autoridades y dirigentes que lo secundan no descartan que haya una convocatoria a Paro Regional en la región Piura por las últimas decisiones que se vienen tomando desde el Ejecutivo.  Inclusive, el decano del Colegio de Ingenieros, Hermer Alzamora, propuso un viaje a la capital de Lima para exigir a Dina Boluarte que se ejecute dicho proyecto.       

¿Qué dijo el Ministerio de Vivienda sobre la nulidad del proceso de licitación?

Tras reafirmar la ejecución de la obra, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Jorge Bustamante , dijo que reconformará el Comité Especial de Selección, incorporando expertos independientes recomendados por el Colegio de Ingenieros de Lima  para continuar con dicho proyecto. El viceministro Bustamante reiteró que el proyecto para 96 asentamientos humanos y la PTAP Curumuy sí se ejecutarán, porque es un compromiso del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en beneficio de la población de Piura.

¿El paro regional ayudará a que el Estado licite el proyecto de los 96 asentamientos?

Para la congresista Maricruz Zeta Chunga, el paro regional no sería una alternativa beneficiosa, sino el diálogo y la reconsideración por parte del Gobierno, detalló para una entrevista a La República.

¿Qué otros proyectos se encuentran a la espera de su ejecución?

Así como estos proyectos, la región también se encuentra a la expectativa de la construcción del hospital de alta complejidad, que tiene una inversión de 926 millones de soles y beneficiará a más de 1 millón 800.000 habitantes de la región Piura y a más de 249.000 habitantes de la región Tumbes.

Del mismo modo, se espera la ejecución de los trabajos de descolmatación del reservorio Poechos, ya que, en octubre del 2023, la Comisión Agraria del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Maricruz Zeta Chunga, acordó declarar de interés nacional y necesidad pública la descolmatación de esta reserva hidráulica.

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