Juliaca: periodista de La República se hizo pasar por embarazada y recorrió clínicas de abortos inseguros
El aborto terapéutico es legal en el Perú, pero diferentes trabas para acceder a esta intervención orillan a las gestantes a acudir a centros insalubres, donde sus vidas quedan expuestas y en manos de personas que lucran con la desesperación de no continuar con un embarazo no deseado.
Tras ser criminalizado a nivel internacional, el aborto ha generado que 25 millones de mujeres en el mundo, anualmente, accedan a la interrupción del embarazo de forma insegura. La realización clandestina de dicho servicio eleva altamente el riesgo de que una mujer pierda la vida al tratar de acceder a una intervención de ese tipo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi todas las muertes y lesiones producto de los abortos no seguros se podrían evitar si los Gobiernos permitieran que las interrupciones voluntarias se lleven a cabo en los establecimientos de salud.
El Perú no es ajeno a esta problemática. Es por ello que, para demostrar cuán peligroso es acudir a los centros de abortos insalubres en nuestro país, La República, a través de una corresponsal que se hizo pasar por gestante en Puno, logró averiguar que en las calles de Juliaca las clínicas inseguras operan a vista y paciencia de las autoridades. Mediante el experimento social, la reportera logró constatar que en los establecimientos se cobra desde S/200 para realizar los procedimientos. Incluso, los que atendían aseguraron que cuentan con médicos colegiados.
El 7 de febrero, una madre de 26 años fue trasladada sin vida desde un consultorio particular hasta el hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca. Según informes preliminares, la muerte de la fémina habría sido consecuencia de una mala práctica durante la intervención quirúrgica insalubre. La joven dejó a dos niños en orfandad.
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Una situación similar se vivió con otra mujer de 27 años, quien fue trasladada de emergencia al mismo hospital por un aborto incompleto con pastillas, proporcionadas sin información adecuada en un consultorio particular ubicado en Juliaca. El 3 de marzo, la madre acudió de urgencia al centro de salud debido a una fuerte hemorragia, lo que resultó en su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Estos eventos resaltan los peligros a los que se exponen las gestantes al no poder acceder a un procedimiento seguro y la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para proteger la salud y la vida de las mujeres en su diversidad.
Recorrido de clínicas clandestinas
Ante la situación alarmante, se inició un recorrido donde se constató la presencia de decenas de consultorios médicos con fachadas de farmacias que ofrecen una variedad de servicios médicos, como ecografías, planificación familiar, control y pruebas de embarazos, entre otros.
Pero lo que más llamó la atención fueron los letreros que ofrecían supuesta atención y solución a "retrasos menstruales", lo cual podría interpretarse como la oferta de interrupción forzada de embarazos no deseados.
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La reportera de La República ingresó a diferentes locales, donde fue atendida de manera amigable, y dijo tener 2 meses de retraso. En el primer local, denominado Consultorio Obstétrico Solidaridad, propusieron de inmediato interrumpir el embarazo utilizando dos métodos: la aspiración uterina y los moduladores a través de pastillas.
"Hay dos métodos. Uno de ellos es la aspiración, eso no es doloroso. Te damos todos los medicamentos para el dolor. El otro son los moduladores, que consta de cuatro pastillas y una ampolla. Para la aspiración, te llevamos a sala, te sacamos todo. O sea, lo aspiramos todo. Eso es 100% seguro y se demora unos tres a cinco minutos", expresó la encargada del consultorio.
El personal de los establecimientos atienden como si trataran de vender un accesorio, pues ofrecieron distintas tarifas para cada método y señalaron la necesidad del pago anticipado, dependiendo la cantidad de tiempo de gestación. "Por la aspiración, estamos cobrando por mes (de gestación) S/250 y por los dos meses S/500, hasta S/200 te puedo dar, nada menos, y los reguladores cobramos cada mes a S/300", confirmó la encargada del establecimiento.
Actualmente, con la desinformación que existe en torno a la problemática del aborto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con directrices sobre la interrupción del embarazo actualizadas, viene recomendando a las naciones que se implementen prestaciones de asesoramiento, tanto en farmacias como en otros establecimientos de salud, a fin de que los mismos trabajadores, con supervisión directa de un farmacéutico en el caso de los trabajadores de farmacias, puedan esclarecer las dudas sobre los métodos que existen.
Autoridades ven lejana la posibilidad de realizar intervenciones
La Red de Salud de San Román indica que en lo que va del año se reportaron dos traslados de jóvenes desde clínicas particulares hacia el hospital Carlos Monge Medrano. Una de ellas falleció, mientras que la otra paciente permanece internada en UCI.
"Las clínicas clandestinas no son seguras y ponen en peligro sus vidas, nosotros ya hemos tenido un referido de esos lugares y terminó en muerte materna. Actualmente, tenemos otra paciente hospitalizada. La Fiscalía y el municipio deben de intervenir y fiscalizar a estas clínicas para poder evitar estos abortos y otras prácticas no saludables", informó Vilma Canahuire Callata, obstetra de la Red de Salud San Román.
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Canahuire Callata mencionó que en respuesta a la dicha situación, la Red de Salud solo acudiría en la parte preventiva.
"Nosotros cumplimos en informar a la población que es fundamental ser atendidos por un profesional y acudir al centro de salud para cualquier necesidad médica", finalizó.
Promsex: "El 70% de mujeres en Puno no tiene acceso a métodos anticonceptivos"
Para entender el peligro que conlleva recurrir a clínicas clandestinas y la necesidad de impulsar la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, La República se contactó con Susana Chávez, obstetra experta en políticas públicas en salud y presidenta de Promsex, quien explicó de forma detallada la problemática de recurrir a este tipo de servicios, los cuales son inseguros para las mujeres.
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Chávez sostuvo que, para comprender las consecuencias, se tiene que entender por qué las mujeres optan por recurrir a estas clínicas clandestinas. En el Perú, pese a que las mujeres tienen el derecho de interrumpir su embarazo por cuestiones adversas a su salud, no se está efectuando este servicio en los establecimientos públicos, al que deberían acceder normalmente.
"La criminalización expone a una situación de alto riesgo, hay tres características de un servicio inseguro: no tienen el personal competente; es decir, no poseen las habilidades para atender intervenciones de este tipo; no tienen los insumos para poder desarrollar una interrupción del embarazo de manera que el riesgo se reduzca, ya que existen métodos que permiten que sean intervenciones sencillas y autogestionadas; y que se hagan en establecimientos dignos", explicó.
Por otro lado, sostuvo que criminalizar el aborto no ha reducido estas prácticas. Según una encuesta realizada por Promsex, el 19% de mujeres del Perú, en su vida, ha recurrido alguna vez al aborto. Este es un porcentaje similar a mujeres que no pueden tener hijos.
Por último, la presidenta de dicha organización se refirió a los proyectos de ley 1520 y 785, que atentan contra la interrupción voluntaria del embarazo, Chávez aseguró que es una mala forma de entender la legislación, ya que en nuestro país el 45% de mujeres no tiene acceso a métodos anticonceptivos y solo en Puno existe una tasa del 70% de la misma.
"El mundo está cambiando y cada vez más países incorporan al aborto como un asunto que se tiene que resolver no en la cárcel ni en la persecución, sino con políticas públicas que ayuden a la interrupción del embarazo voluntario en adecuadas condiciones", agregó.
Proyectos de ley 1520 y 785 agravan situación de las mujeres
Dos propuestas por parte del Legislativo que atentan contra las mujeres y el acceso al aborto seguro son los proyectos de ley 1520/2021, impulsado por Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, y el 785/2021, promovido por Milagros Jáuregui de Renovación Popular, ambos ponen en riesgo la situación de aquellas mujeres y niñas que son impedidas de acudir a un establecimiento de salud confiable y optan por acudir a clínicas clandestinas.
Las propuestas de ambas bancadas aseveran defender el "derecho del niño por nacer"; no obstante, está a la par vulnera la integridad y la libertad de decisión que cada mujer debe de tener, quienes cada año fallecen a causa de estas malas prácticas.
Hacemos un llamado urgente a la Red de Salud de San Román para que tome medidas inmediatas y esté alerta ante las posibles muertes y secuelas que podrían resultar de estas peligrosas prácticas. Es fundamental garantizar la seguridad y el bienestar de la población, a fin de evitar que sean víctimas de estas intervenciones sin garantías de calidad médica.
