Consejo de la Prensa Peruana registró 6 agresiones contra periodistas solo en el mes de febrero

El informe mensual sobre libertad de expresión, presentado por el Consejo de la Prensa Peruana, detalla los principales incidentes de agresiones a periodistas y medios de comunicación registrados en el mes de febrero de 2024. Adicionalmente, incluye la postura institucional y un análisis detallado realizado por la institución.

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Estas son las agresiones contra periodistas y medios de comunicación:

• Caso PBO: en un despacho desde los exteriores de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Diroes), donde está recluido el expresidente Pedro Castillo, la reportera del medio de comunicación PBO Analexa Rivera y su camarógrafo fueron empujados, insultados y escupidos por seguidores de Castillo.
• Caso Gobierno Regional de Tumbes: el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, descalificó a la prensa en una reciente conferencia. La tildó de ser "doble sentido" y "maletera", además de criticar su gestión. El gobernador Cruces ya ha atacado verbalmente a la prensa anteriormente.
• Caso San Martín: en un desalojo en la región San Martín, la fiscal Ysabela Melania Falcón Fretel ordenó a miembros de la Policía Nacional del Perú retirar al periodista Guti Gutiérrez Pacaya del lugar, a pesar de que se encontraba cubriendo el hecho. Gutiérrez venía transmitiendo en vivo en su canal de Facebook. Un policía lo amenazó y señaló que si no se retiraba voluntariamente, sería detenido por resistencia a la autoridad. Se le exigió mostrar una credencial de periodista.
• Caso La Encerrona: el general de la Policía Nacional del Perú Augusto Javier Ríos Tiravanti amenazó al programa de redes sociales La Encerrona con "acciones legales" a través de una carta notarial si es que no se rectificaba. Adujo que su honor y reputación habían sido afectados. El programa informó que Ríos había sido relevado de la jefatura de la III Macro Región Policial La Libertad por haber sido investigado por presuntos vínculos con una organización criminal relacionada a la minería ilegal. En su momento, Ríos envió una carta notarial similar a Graciela Villasis, periodista del diario El Comercio, por destapar el caso.
• Caso Gorriti e IDL-Reporteros: el partido político Fuerza Popular denunció penalmente al periodista Gustavo Gomiti, director del portal IDL-Reporteros, entre otros personajes, por presuntamente integrar una organización criminal que habría incurrido en cohecho, tráfico de influencias y otros delitos. La denuncia está basada en declaraciones no corroboradas de Jaime Villanueva, exasesor de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Congresistas de Fuerza Popular han señalado que Gorriti sería parte de una persecución política al partido. Durante años, Gorriti y su medio de comunicación investigaron presuntos actos de corrupción cometidos por Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori.
• Caso Willax: los periodistas del programa Contracorriente del canal Willax, Thaís Casalino y Rafael Vereau, fueron agredidos por un trabajador de la minera Shougang Hierro Perú en la región Ica. Los periodistas se encontraban en los exteriores de la planta de la minera, con el objetivo de entrevistar a pescadores artesanales que alegaban ser impedidos de trabajar en una caleta cercana, cuando fueron interceptados por un vehículo de seguridad de la empresa. El trabajador Jesús Augusto Monge Pimentel intentó quitarles sus equipos a los reporteros y empujó a Vereau.

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Finalmente, en el informe se ha colocado la posición institucional del Consejo de la Prensa Peruana donde se condena enérgicamente el acoso y los ataques hacia la prensa por parte de autoridades municipales, políticas, fiscales, policiales y la población en general. Esta entidad subraya que la sociedad tiene el derecho fundamental de recibir información adecuada a través de periodistas y medios de comunicación, quienes merecen todas las facilidades para realizar su labor. Asimismo, indica que atentar contra el derecho de la ciudadanía a estar informada es comprometer su libertad de tomar decisiones basadas en información fidedigna. Además, la persecución fiscal y policial hacia los periodistas pone en riesgo la democracia ya que debilita el marco necesario para llevar a cabo investigaciones periodísticas. Por lo tanto, el Consejo insta tanto a las autoridades estatales como a la ciudadanía peruana a garantizar y respetar la labor de los periodistas y los medios de comunicación.