Fiscalía investiga a 25 dirigentes de Puno por participar en protestas
En desacuerdo. Los investigados consideran que se trata de un claro caso de criminalización de las protestas con el afán de silenciar el rechazo a Dina Boluarte y al Congreso.
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El fiscal Harold Rudy Supo Pilco, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, ordenó a la Policía notificar a más de 25 dirigentes de la región Puno. Deben rendir sus declaraciones por haber participado en las protestas contra Dina Boluarte en Juliaca.
A los líderes sociales se les investiga por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, la paz pública, disturbios y lesiones ocurridas entre el 7 y 9 de enero por inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. La asonada costó la vida de 18 civiles y un policía.
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Los citados deben comparecer en las instalaciones de Seguridad del Estado en compañía de sus abogados. Sin embargo, la mayoría de los investigados no habrían sido notificado para la diligencia. La Fiscalía ha incorporado en este caso al presidente de las Cuatro Zonas de Juliaca, Ántero Pimentel Esquivias; Claudio García Choqueluque, expresidente del frente de defensa de Chilla; Félix Suasaca, dirigente de la cuenca Coata, Pedro Jallurana Jiménez, representante del gremio de transportistas; entre otros.
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Antero Pimentel considera que, al haber fracasado las investigaciones injuriosas por terrorismo, esta es una nueva arremetida contra la dirigencia. Según ellos, buscan intimidarlos para que ya no levanten su voz en futuras protestas. Según Claudio García, este es un claro caso de persecución política.
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Criminalización
Según el abogado, César Quispe Calsín, con este tipo de acusaciones se está sobrepasando los límites constitucionales, que vulnera la libertad de expresión y el derecho a la protesta amparados en la jurisprudencia
peruana e internacional y que representarían una persecución ilegal.
“Ni siquiera debería iniciar una investigación”, dijo el letrado, para quien las Fiscalía estaría incurriendo en abusos. Quispe dijo que los investigados podrían revertir el proceso y denunciar al Ministerio Público por el daño emocional que se les está causando.
El abogado cuestionó que no se actúe con la misma diligencia por las muertes ocurridas durante las protestas. Muestra de ellos sería que recién en marzo se tuvo acceso a las capetas fiscales, y que las investigaciones no avanzan desde que se llevaron los expedientes a Lima.
