Falta una ley para rehabilitar predios históricos de Lima

Los inmuebles del Centro Histórico de Lima son vulnerables ante un fuerte sismo o incendio, como sucedió con la casona Marcionelli, ubicada en el jirón Carabaya, el último 19 de enero durante la denominada 'Toma de Lima'. El dueño de este predio, César Vladimir Passalacqua Olivera, dijo que demandará al Estado por los daños ocasionados porque lo que provocó el incendio fueron bombas lacrimógenas.

Lo lamentable es que el edificio Marcionelli —construido en los años 20 y que perteneció al empresario suizo Severino Marcionelli— había sido restaurado y estaba en buen estado. Según el historiador Juan Luis Orrego, este edificio perteneció a una época de desarrollo urbano cuando el Estado y los empresarios hicieron un gran esfuerzo para colocar a Lima al nivel de otras capitales del mundo.

Tenemos otros inmuebles consumidos por las llamas. Uno de ellos es el edificio Giacoletti, ubicado frente a la plaza San Martín. Cuatro años después del incendio sigue pendiente su restauración. Mientras que uno de los edificios de la plaza Dos de Mayo perdió su azotea en octubre del 2014 y a la fecha nada ha cambiado. También la emblemática casona El Buque, en Barrios Altos, quedó en escombros en junio del 2022.

Se necesita inversión

¿Por qué no se lleva a cabo la reconstrucción de nuestro patrimonio? En diálogo con La República, el gerente de Prolima, Luis Martín Bogdanovich, explicó que hace falta una norma exclusiva para el Centro Histórico de Lima que promueva la inversión pública y privada a través de una serie de beneficios tributarios, simplificación administrativa, entre otros.

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Por ejemplo, señaló, en ciudades del mundo como Madrid, Cartagena y Panamá, un porcentaje del IGV está destinado para la ejecución de proyectos de recuperación de sus centros históricos, que garantiza los recursos para las obras.

En el Centro Histórico existen 6.000 inmuebles. De esta cifra, 2.000 son Patrimonio Cultural de la Nación y 1.000 de ellos han sido declarados inhabitables, en algunos casos llevan más de 60 años en esta condición de riesgo.

"Para nadie es ajeno los enormes esfuerzos que está haciendo la Municipalidad de Lima desde que se aprobó el Plan Maestro; las obras que se están haciendo en cuanto a la peatonalización, recuperación de plazas e iglesias, señalización turística, arborización, entre otras cosas. Pero todo en el ámbito público, donde sí se puede destinar recursos públicos. Pero cuando llegamos a la propiedad privada, el destinar recursos públicos ya no es tan sencillo, así sea Patrimonio Cultural de la Nación. Y es por eso que las inversiones públicas se quedan en el ámbito de lo público y abarca hasta la fachada del inmueble".

Precisó que, al interior de los inmuebles, la responsabilidad para intervenir las estructuras cae en el propietario, según la ley. Y solo hay dos opciones para que el Estado pueda recuperarlos de manera integral: a través de la expropiación o la adquisición del bien.

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El problema es que el marco normativo no permite una acción alternativa que le permita al privado o al público tener más interés de invertir. "Entonces, ya no son ordenanzas, sino leyes. A quien le compete promover la legislación pertinente es al Congreso, a los ministerios de Cultura, de Vivienda, de Economía". En ese sentido, dijo que es "imperativo" que se legisle a favor de la promoción de la inversión pública y privada que permita la recuperación de los centros históricos del país. "En el caso de Lima, tenemos la ventaja que hay un Plan Maestro y un reglamento".

Con respecto al edificio Giacoletti, Prolima tiene un proyecto de inversión pública declarado viable para adquirirlo y reconstruirlo. Este sería el primer caso en el que la MML y una entidad del Estado adquieren un inmueble siniestrado. ¿Cuándo empezarán las obras? "Esto dependerá de los recursos que se dispongan. Ahí entramos a otro tema: la MML no tiene los recursos suficientes para gestionar una ciudad del tamaño de Lima porque el Gobierno no les asigna los recursos suficientes".

Para el expresidente de la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos Leopoldo Lituma Agüero, lo que hace falta es decisión política porque, según el artículo 21 de la Constitución, el Estado protege el patrimonio. Y esta decisión puede venir desde el Congreso o del Ejecutivo. 

"Es decir, si la Constitución indica que el Estado protege, debe tomar cartas en el asunto. El Estado puede intervenir y recuperar, pero también sería mejor que promueva la inversión privada de estos inmuebles. Podría ser que incluya la recuperación a través de las obras por impuestos en el caso de la empresa privada", dijo.

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Un claro ejemplo es el caso del Templo Señor de Luren, afectado por el terremoto en Ica en el 2007. A través del mecanismo de obras por impuestos, una empresa minera financió su restauración en el 2019. En ese sentido, Lituma resaltó que hay un antecedente de inversión privada en favor del patrimonio.

En tanto, el Ministerio de Cultura informó que el sector está dispuesto a dar los permisos necesarios a los propietarios de los inmuebles siniestrados, pero dijo que estos aún no se han acercado.

La nueva decana nacional del Colegio de Arquitectos, Arq. Lourdes Giusti, dijo que impulsará el cambio en la normativa para la aprobación de proyectos en los centros históricos. “Se coordinará con las autoridades para hacer más flexibles los procesos de aprobación de las licencias en predios patrimoniales”.

La palabra

Luis Bogdanovich, gerente de Prolima

“Es imperativo que se legisle a favor de la promoción de la inversión pública y privada que permita la recuperación de los centros históricos del país. En el caso de Lima, tenemos una ventaja que hay un Plan Maestro y un reglamento”.