Luis Neyra sobre protestas en Puno: “La muerte de 17 civiles y un policía no debe quedar impune”
El gobernador regional de Piura pidió al Congreso definir el adelanto de elecciones para el 2023. Agregó que el conflicto social afecta a las inversiones y obras en las regiones del país.
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El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, solicitó al Ministerio Público investigar con celeridad el fallecimiento de 18 personas durante las protestas en la ciudad de Juliaca (Puno). Asimismo, la autoridad precisó que los decesos se originaron por la falta de diálogo y los intereses privados de grupos de poder en el Gobierno y en el Congreso de la República. En esa línea, manifestó que se necesita identificar quiénes son los responsables de las muertes en el marco de normativa vigente.
Neyra León afirmó que el pueblo peruano está de duelo a consecuencia de factores que debieron evitarse y de otros que no se tomaron en cuenta para entablar el diálogo con la población, principalmente en las regiones del sur.
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“Estoy en contra de la violencia y a favor de la justicia. Entonces, los organismos que administran justicia deben intervenir para esclarecer los hechos. La muerte de 17 civiles y un policía no debe quedar impune”, remarcó Neyra a La República.
Aseveró que el pueblo en las calles exige nuevas elecciones porque no confía en autoridades actuales. Al respecto, complementó que está en manos del Congreso aprobar que el proceso electoral se realice en 2023. Incluso, manifestó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha señalado que es factible.
. Foto: A. Ruesta/URPI-LR
“Muchas veces los intereses privados de grupos de poder priman sobre el bienestar común. Lo que sucede en el sur del país debe terminar y llamar a la reflexión a los congresistas para finiquitar medidas que permitan la convocatoria electoral en este año (2023)”, remarcó Neyra.
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Conflicto social afecta la descentralización
También detalló que el conflicto social y político afecta el desarrollo de las regiones, en cuestión de inversión y obras, debido a que la falta de seguridad jurídica que ahuyenta al empresariado.
De esta manera, Luis Neyra sostuvo que la repercusión de la convulsión social debilita el proceso de descentralización, cuyos efectos se reflejan en un menor crecimiento socioeconómico de los pueblos. “Los legisladores y la presidenta Dina Boluarte tienen que demostrar que hay voluntad de escuchar a la masa social que exige más atención A sus demandas”, recalcó.
