Estado pide perdón a mujer trans, pero aún falta darle atenciones

Un día histórico. El Estado peruano pidió perdón por vulnerar los derechos humanos de Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue detenida por policías y luego abusada sexualmente en una comisaría.

El acto de reconocimiento se realizó en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6 de abril del 2020, que encontró responsable al Perú por torturas y violación sexual ejercidas por tres policías contra la víctima.

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Azul fue intervenida el 25 de febrero del 2008 y trasladada a una comisaría donde sufrió golpes, insultos y abuso sexual. Días después denunció estos hechos, pero la investigación preparatoria fue sobreseída y luego archivada.

“Hoy es un día histórico para todos nosotros, esta es la nueva cara de los derechos humanos. Mi nombre es Azul Rojas Marín, tengo 41 años: el 25 de febrero del 2008 fui intervenida arbitrariamente por serenos y policías del distrito de Casa Grande; me llevaron a la comisaría donde me desnudaron, ultrajaron, torturaron toda la noche. Estos hechos yo los denuncié ante la Fiscalía Corporativa de Ascope, pero no tuve respuestas del Ministerio Público ni del Poder Judicial”, recordó la víctima.

Y pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó nueve medidas a favor de Azul, la víctima recordó que a la fecha el Estado no ha cumplido con estas, como la atención integral (tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico) y el pago de una indemnización por los daños ocasionados.

La ceremonia tuvo lugar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asistieron el titular del sector, Félix Chero; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, y representantes de embajadas, organismos internacionales y la sociedad civil.

Las autoridades involucradas reconocieron la lucha de Azul y se comprometieron a cumplir con las disposiciones de la Corte IDH.

Por ejemplo, el general Adolfo Valverde, director nacional de Investigación Criminal, señaló que para cumplir con la sentencia de la Corte se está trabajando en la elaboración de un protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra personas LGTBI conjuntamente con otras autoridades. En tanto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló que se seguirá con la atención de la víctima y que su sector viene trabajando en la atención diferenciada para la comunidad LGTBI con pleno respeto de su dignidad.

“Necesitamos cambios sustanciales”

Susana Chávez de Promsex señaló que se necesita implementar el protocolo de investigación y sanción para hechos de violencia contra las personas LGTBIQ, un plan de capacitación para los operadores de justicia, una base de datos de hechos de violencia. “No estamos hablando de medidas excepcionales sino esenciales que cualquier país debería tener, es lo mínimo que deberíamos avanzar y que estas disculpas públicas no solo sea el reconocimiento de una situación de desprotección, sino sea un punto de inicio para estos cambios sustanciales que necesitamos tener”.