Grupo minoritario de rectores eligió a sus voceros para Sunedu pese a fallo judicial
En dicha actividad, convocada por la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, se designó a un profesor de la Universidad Nacional de Piura y a otro de la San Luis Gonzaga de Ica.
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Pese a una sentencia del Poder Judicial, que ha suspendido la aplicación de la denominada contrarreforma universitaria, un grupo minoritario de rectores de universidades públicas eligió esta mañana a dos de sus representantes para el Consejo Directivo de la Sunedu. Se trata de Manuel Castillo y Manuel Hernández, catedráticos de la Universidad Nacional de Piura y de la San Luis Gonzaga de Ica, respectivamente.
Por la noche de este viernes 19 de agosto, la UNMSM informó que Manuel Hernández García, docente de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, era su segundo representante para Sunedu. La Universidad Nacional de Trujillo había informado por la tarde que era Enrique Hernández García, de la Universidad Privada San Juan Bautista.
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La actividad, en la Casona de San Marcos, fue convocada por la rectora Jeri Ramón, quien ya había advertido que iba a “cumplir al pie de la letra” la suspendida ley que fue promulgada por el Congreso en julio último. A ella le correspondía por ser la autoridad de la universidad pública más antigua del país.
Ellos son. De izquierda a derecha, los rectores de las universidades de Ucayali, La Cantuta, San Marcos, del Santa y del Callao. Foto: difusión
En la convocatoria participaron al menos 14 rectores de los 31 habilitados. Así se designó como representantes de las universidades públicas ante la Sunedu a los profesores Manuel Enemecio Castillo Venegas, de la Universidad Nacional de Piura, y a Enrique Manuel Hernández García, de la Universidad Privada San Juan Bautista, de la filial Ica.
Se debe precisar que a través de dos oficios, a los que tuvo acceso La República, el Ministerio de Educación (Minedu) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le advirtieron a la rectora de la Universidad de San Marcos y a su grupo minoritario que la ley que disponía este cambio se encuentra suspendida por una sentencia del Poder Judicial, por lo que podría haber consecuencias de no acatarla.
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