Piura: más de 240 trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial iniciaron huelga indefinida
Pidieron el cumplimiento de la Escala Remunerativa del personal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 y la nivelación de sueldos dentro del régimen CAS.
Cerca de 240 trabajadores del Ministerio Público y el poder Judicial iniciaron una huelga indefinida la mañana de este martes 16 de agosto frente a las instalaciones de esta entidad y de la Corte Superior de Justicia, en la ciudad de Piura. Según indicaron los manifestantes, el cumplimiento de la Escala Remunerativa del personal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 y la nivelación de sueldos dentro del régimen CAS.
Max Ruíz, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, indicó que son cerca de 1.000 trabajadores en la región los que se encontrarían dentro de estas condiciones; los que pertenecerían tanto al ámbito administrativo como al jurídico, como abogados, ingenieros, asistentes sociales, entre otros.
“Cuando se saca la ley de escala remunerativa se dice que debemos hacer un estudio de los ingresos de los trabajadores para nivelarlos con los demás trabajadores del sector justicia. Si comparamos la remuneración de los trabajadores judiciales con otros sectores como el Tribunal Constitucional, Academia Nacional de la Magistratura y el Ministerio de Justicia la brecha es grande; pese a tener las mismas especialidades y mayores responsabilidades”, apuntó el dirigente.
Por su parte, el representante del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público de Piura, Andrés Herrera, hizo énfasis que los trabajadores de limpieza reciben un pago por debajo del sueldo mínimo. “Son 140 trabajadores CAS del Ministerio Público, que trabajan como asistentes de función fiscal, analistas administrativos. Estamos en todos los sectores”, comentó. Además, piden el incremento del presupuesto de 18 millones a 26 millones para nivelar los sueldos entre los antiguos y nuevos CAS.
Por último, los manifestantes indicaron que radicalizarían las medidas de protesta en caso no fueran escuchados por el gobierno central.
