Moquegua: trabajadores de Southern dan plazo final a comunidad y Estado para resolver conflicto
Los mineros piden el restablecimiento del servicio de agua para el campamento de Cuajone. Si este domingo no hay solución, el lunes radicalizarían las protestas.
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Moquegua. El conflicto social en la mina Cuajone podría llegar a graves enfrentamientos en las próximas horas. Un grupo de trabajadores mineros de Southern advierte que si las autoridades no logran una solución para el restablecimiento del agua a su campamento, ellos mismos la encontrarán.
Nuevamente, este sábado, los mineros se armaron con cascos y escudos para enrumbarse hacia el reservorio de Viña Blanca. Este abastece del recurso hídrico al campamento y operaciones mineras, pero fue tomado por la comunidad campesina de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala hace casi dos meses, cuando inició la problemática con la empresa por una presunta usurpación de terrenos.
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Cinthia Zevallos, enfermera del hospital Cuajone y miembro de un sindicato de trabajadores mineros de Southern, señaló a La República que están cansados de la pasividad del Estado en este asunto.
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Reiteró, una vez más, su pedido primordial de devolver el agua a 5.000 habitantes que se vieron afectados por el conflicto. Además, informó que como trabajadores han dado un último plazo hasta este domingo para que se llegue a un acuerdo entre las partes involucradas. De lo contrario, el lunes radicalizarán las protestas.
Trascendió que este domingo se pondría una fecha para una mesa de diálogo definitiva y el lunes se publicarían las especificaciones por medio de una resolución. Ambos puntos fueron acuerdos de la reunión el pasado 12 de abril.
Descargo de la comunidad
La comunidad, por medio del ciudadano Fredy Bernedo Quispe, solicitó un habeas corpus para que cese la amenaza contra su libertad individual, integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura, tratos inhumanos o humillantes. Ellos alegan estar en su territorio comunal (Viña Blanca), por lo que pueden desplazarse libremente sin restricciones, incluso pueden vivir en el mismo como sucede actualmente.
“La comunidad esta en su propiedad. Por lo tanto nadie nos saca. Si en caso vengan esos trabajadores que dicen venir a Viña Blanca ellos serán los responsables de lo que pueda pasar”, explicó a la República, Iván Mendoza, dirigente de la comunidad.
El magistrado Jorge García Apaza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, el 15 de abril admitió a trámite este proceso. Los demandados tienen dos días hábiles para presentar sus descargos.
