Pescadores de Ventanilla presentan medida cautelar ante la CIDH por abandono del Estado

Los agremiados de la Asociación de Pescadores, Fundadores, Armadores y Estibadores Artesanales (ASPEFAEA), la cual agrupa a 153 trabajadores del mar de la playa Bahía Blanca, afectados por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla, presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado atienda sus necesidades básicas.

“El Estado peruano no ha prestado apoyo suficiente a los damnificados, cuestión que representa una amenaza grave, urgente e irreparable al derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica de los pescadores y sus familias. Es por ello que se le solicita a la comisión que disponga que el Estado proceda a auxiliar a nuestros representados”, indica el gremio en el requerimiento de la medida cautelar.

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Los abogados Christian Berndt y Mario Candia, integrantes de la organización de derechos humanos Justicia y Reparación, que asumió la defensa legal del gremio de pescadores, indicaron a La República que la zona de Bahía Blanca, en la que habitan sus representados, ha sido uno de los lugares más afectados por el vertimiento de crudo; sin embargo, son los que menos atención han recibido.

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“Cuando fuimos a buscar a los pescadores, en un llamado desesperado porque no han recibido una respuesta asistencial, debido a su pérdida de trabajo, los encontramos en la precariedad máxima. Eso se ve desde su alimentación, salud, educación, etc.”, revelaron.

El representante de ASPEFAEA, Miguel Núñez, explicó que la empresa Repsol no ha ejecutado el acuerdo que firmaron. No obstante, las autoridades peruanas no han velado por el cumplimiento de sus derechos, por lo que se encuentran en abandono.

“Nosotros estamos necesitados, no tenemos ingresos, por eso hemos presentado esta medida, para recibir algún tipo de apoyo”, sentenció Núñez.

Bahía Blanca es una playa ubicada cerca a la refinería La Pampilla, una de las que sufrió un mayor impacto dañino como consecuencia del derrame. En el lugar, se desarrollan labores de pesca artesanal o de ribera, no hay pesca embarcada. Actualmente, todos los pescadores que trabajan ahí se encuentran desempleados y viviendo de ollas comunes.

Recordemos que un informe de las Naciones Unidas presentado a las autoridades peruanas ya señalaba que los efectos de la contaminación del crudo en la zona subsistirán por un período no menor a los seis años, lo cual mantendrá sin empleo a los pescadores durante todos estos años.

Por ello, exigen al Estado la entrega de alimentos de calidad y en cantidades suficientes; acceso a servicios de salud, especialmente en salud mental; acceso a servicios de educación para los niños, niñas y adolescentes; acceso a agua potable y salubre; y la creación de una mesa de trabajo entre Gobierno y víctimas para garantizar el cumplimiento de todas las medidas.

Las Naciones Unidas habían recomendado al Gobierno que adoptara medidas que permitan asegurar a las víctimas obtener los medios básicos para su subsistencia, tales como alimentos, salud y agua potable, pero no lo han cumplido.

Incluso, el Gobierno, a finales de enero, prometió la entrega de un bono pesquero como parte de una asistencia a los damnificados del derrame; sin embargo, un mes después, informó que dicho apoyo económico no se daría, debido a que la norma se lo prohíbe.

Los abogados de los pescadores señalaron que, debido a que es una medida que se solicita con urgencia, la decisión de la comisión podría conocerse en las próximas semanas.

Acciones contra Repsol

Por otro lado, los litigantes explicaron que tienen dos vías de acción, una contra el Estado y otra contra la empresa. Por lo que también tienen pensado iniciar un proceso legal contra la trasnacional española Repsol involucrada en el derrame.

“Producto del derrame de petróleo nosotros consideramos que hay distintas vías para buscar responsabilidades. Por la experiencia que tenemos nosotros, separamos nuestra figura de discusión con Repsol y determinamos sacarlo del ámbito peruano para llevarlo hasta su casa matriz, que es España. Nosotros también vamos a ejercer presión contra Repsol, pero en España”, indicaron.