Lambayeque: condenan a exfuncionarios de Olmos por corrupción en compra de canastas
Exservidores Luis Castillo y Demetrio Periche deberán cumplir nueve años de cárcel por haber favorecido a proveedora con licitación. También se condenó a empresaria.
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El Poder Judicial condenó a cuatro exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Olmos (región Lambayeque) y a una proveedora, por haber cometido irregularidades en la adquisición de canastas de alimentos para las familias vulnerables durante la emergencia por el coronavirus.
Sentenciados
La sentencia recae en Luis Antonio Castillo Castillo, exjefe de Logística, y Demetrio Periche Chiroque, exjefe de Tesorería, quienes fueron condenados a nueve años de cárcel efectiva, por el delito de colusión agravada.
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También se condenó a Humberto Mío Torres, exjefe del área de Gestión de Riesgos y Desastres - defensa civil, y Faustino Lizana Santos, exjefe de Almacén, a un año de prisión por el delito de omisión de actos funcionales.
De igual forma, se absolvió al exadministrador Luis Enrique Merino Díaz de los cargos imputados por corrupción de funcionarios.
Además, el juzgado ordenó cuatro años de prisión suspendida para la proveedora Luz Elena Delgado de Escalante, por el presunto delito de colusión agravada.
Hechos
En juicio oral, el fiscal anticorrupción Daniel Flores Aguinaga señaló que Luis Castillo Castillo concertó de manera ilícita con la proveedora Luz Delgado Escalante, a fin de sobrevalorar los productos de primera necesidad adquiridos por la entidad por un monto de S/ 14.617,50.
Asimismo, el magistrado también mencionó que el exfuncionario Demetrio Periche Chiroque concertó de manera ilícita con la referida proveedora y defraudó por S/ 26.656,33 a la comuna distrital de Olmos.
La tesis fiscal apunta a que los exfuncionarios Luis Castillo y Demetrio Periche intervinieron directamente en la fase de ejecución del proceso de licitación n.° 01-2020. Previamente, la comuna de Olmos había recibido una transferencia de S/ 200.000 para la adquisición y distribución de víveres , tras haberse ordenado el estado de emergencia e inmovilización social obligatoria.
Entre las irregularidades cometidas en el proceso también se identificó que la municipalidad no aplicó la penalidad por S/ 11.737,53 a la proveedora, pese al incumplimiento de plazo de entrega y el retraso injustificado en la entrega de alimentos.
La Fiscalía también determinó que los bienes no cumplían las especificaciones que se consignaron en las bases del contrato.
