57 conflictos sociales recibe Pedro Castillo en regiones del sur
Herencia. Presidente deberá lidiar con varios problemas, la mayoría de ellos vinculados a exigencias socio ambientales. Según la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional hay 193 conflictos.
El expresidente Manuel Prado señalaba que “en el Perú hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no se resuelven nunca”. Una muestra que seguimos arrastrando ese estigma son los conflictos sociales. Pasan de gobierno en gobierno sin ser “apagados” definitivamente. Con la administración entrante, encabezada por el presidente Pedro Castillo, ¿se podrán solucionar los problemas del país que tienen ya larga data?
Según el último reporte realizado por la Defensoría del Pueblo hay 193 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 138 están activos. Los de tipo socio ambiental son los que más prevalecen y representan el 64%. Muy lejos están los conflictos comunales (9%), asuntos de gobierno nacional (5%), entre otros. Solo en el mes de junio se han detectado 5 nuevos conflictos y uno fue solucionado. Se encienden más de los que se apagan.
Mientras que en el sur, Castillo heredó 57 “papas calientes”. La mayoría de ellos relacionadas también a demandas socio ambientales. Cusco alberga 21 casos y tiene el segundo lugar entre las regiones con más conflictos del país, solo detrás de Loreto. En tanto, Puno cuenta con 14 conflictos, le sigue la región Apurímac con 12. Atrás está Moquegua con 5, Arequipa con 4 y finalmente Tacna con solo 1.
“El Perú es en realidad un conflicto”, sostiene Ranulfo Jara Begazo, jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernabilidad del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Sostiene que muchas de estas pugnas de tipo socio ambiental nacen por la irresponsabilidad minera. “Es el caso de la contaminación del río Tambo, Ocoña, Camaná; porque en las partes altas hay minas”, sostuvo.
Mencionó también que en la región hay disputas limítrofes como el de la provincia Caravelí con la región Ica, que afectan los intereses de los pescadores.
Una papa caliente de todo gobierno fue el proyecto minero Tía María de Southern. Se calentaría porque el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, declaró que iría si se convence a la población del valle de Tambo (Islay). Voceros, como Miguel Meza Igme ya están pidiendo su renuncia. Jara sostuvo que si en campaña manifestó que no se permitiría la explotación, debería respetar ese acuerdo con los pobladores de Tambo.
Todo lo que implica el Corredor Minero del Sur en Cusco, es también un dolor de cabeza para cualquier administración. Días atrás pobladores de Chumbivilcas bloquearon el tránsito del mineral de Las Bambas. Ayer el cuestionado premier Guido Bellido consiguió una tregua de 60 días.
No es la única pugna. La comunidad de Livitaca pide un convenio marco a Hudbay, lo mismo que el Frente Único de Chumbivilcas. Otras comunidades también piden anular la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la mina Antapaccay. Además exigen una compensación por los impactos socioambientales.
En otras regiones como Moquegua, las exigencias son contra la empresa Quellaveco. Hay temor que su actividad impacte su recurso hídrico. En la región altiplánica por ejemplo se sigue el cese de actividades mineras informales que contaminan el río Ramis. También existe una deuda del estado con pobladores de Coata, Huata Capachica, y Caracoto por el consumo de aguas contaminadas. En Tacna se pide anular la resolución del uso de aguas por Southern para sus unidades mineras Cuajone y Toquepala. Jara sostiene que se debe esperar que el Gobierno de Castillo se acomode y no hacer un carga montón a pocos días de iniciar su mandato.
Solución de conflictos es complejo
Gonzalo Banda
Politólogo
Si la expectativa es que este Gobierno resuelva todos los problemas, estaríamos romantizando el asunto. La solución de estos conflictos es muy complejo, ya que en su mayoría son socioambientales. Hay que acordarse que también está la empresa involucrada y que no solo depende del Gobierno. La estabilidad de este gobierno es muy precaria. Rápidamente se ha puesto de espaldas a la opinión pública.
Si contará con una gran coalición podría resolver algunos conflictos, pero después de lo ocurrido, están demostrando que son un gobierno muy frágil, endeble, con una gestión muy improvisada. Esto los va a exceder simplemente. Ellos han abierto muchos frentes de conflicto no solo de origen ambiental, tienen actualmente un conflicto urbano abierto.
