Rafael Márgari: “MPCH inició proceso en represalia por denuncias, el objetivo es despedirme”
El secretario general del Sindicato de Empleados señaló que la medida se adoptó, luego que declaró sobre el incumplimiento del protocolo de bioseguridad contra la COVID-19.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), inició proceso administrativo disciplinario al secretario general del Sindicato de Empleados, Rafael Márgari Reyes, tras declarar a un medio de comunicación el presunto incumplimiento de las medidas sanitarias contra la COVID-19.
Con la Resolución n.° 564, el gerente de Recursos Humanos, Carlos Acevedo Villar, dispuso la medida, al considerar que el dirigente cometió una falta grave tras señalar que se exponía a los trabajadores al entregarles mascarillas de mala calidad.
En el documento, se indica que el trabajador nombrado con 40 años de servicio y con más de 18 años de experiencia sindical, vulneró el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, que establece sanciones, como suspensión temporal y despido.
Acevedo Villar precisó que se vulneró un elemento objetivo vinculado a la conducta del imputado (injurias, insultos) en agravio del alcalde Marcos Gasco.
Presuntas irregularidades
La República dialogó con el servidor edil, quien remarcó que, el proceso en su contra es en represalia a las denuncias de hechos presuntamente irregulares en la comuna, como son: locadores fantasmas, uso de recursos asignado a la población vulnerable, compra de insumos del programa Vaso de Leche e incumplimiento de las medidas sanitarias, lo cual -aseguró- afectó al trabajador
“A un medio de comunicación señalé que la gestión municipal quiere que se muera más gente trabajadora en el contexto de la entrega de mascarillas de mala calidad que no protegen a los trabajadores contra el SARS-CoV-2. Definitivamente, la MPCH inició el proceso en represalia, el objetivo es despedirme”, advirtió.
Contraloría intervino en comuna
Márgari también señaló que existe un informe de control concurrente de la Contraloría General de la República, detectó hechos adversos respecto al incumplimiento del protocolo de bioseguridad, lo cual expone la vida y la salud de los trabajadores.
