Defensoría: once nuevos conflictos aparecieron en noviembre
Casos. Cinco de ellos tienen que ver con la minería. El Observatorio de Conflictos Mineros pide tratarlos de forma estructural.
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En su reporte de Conflictos Sociales Nº 201, la Defensoría del Pueblo informó que 11 nuevos conflictos se produjeron en el mes de noviembre.
Cinco son de tipo socioambiental. En Áncash, la Municipalidad Distrital de Huallanca y la población exigen a la Compañía Minera Santa Luisa la ejecución de un proyecto de mejoramiento de energía eléctrica a través de obras por impuestos.
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Mientras que en Caravelí, Arequipa, mineros informales tienen diferencias con la empresa Intigold Mining.
En La Libertad, se registraron dos conflictos. En el primero, los del caserío de Shiracmaca denuncian que la minera Summa Gold afecta sus redes de agua potable. En el segundo, la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Santa Cruz rechazan la exploración minera en el proyecto Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú.
Asimismo, en Pasco, la comunidad campesina de Smelter sostiene que la Sociedad Minera El Brocal no cumple con sus compromisos.
La Defensoría también identificó tres conflictos de tipo comunal. Ocurren en Ayacucho entre las comunidades de Santa Rosa de Huancapuquio y Pomacocha; en Cusco, involucra a las comunidades de Cancahuani y Yanque Lacca Lacca; y en San Martín entre la comunidad nativa Kichwa Anak Kurutuyacu y los caseríos del distrito de Huimbayoc.
Por otro lado, en Huánuco, las organizaciones agropecuarias, comunales y barriales demandan al gobierno regional que declare en situación de emergencia el sector agropecuario.
A estos conflictos se agregan dos por asuntos de gobierno nacional relacionados con los trabajadores temporales de las empresas agroexportadoras de Ica y La Libertad; y la demanda en Cusco por disminución de tarifas del transporte ferroviario.
Observatorio minero
En tanto, el 27° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú precisa que durante la pandemia se ha pretendido reactivar proyectos mineros como en Tambogrande, donde la población rechaza a la empresa Río Blanco.
También indicaron que la crisis sanitaria ha expuesto desigualdades profundas que han sido palpadas ya no solo por la población rural sino también por los habitantes de las ciudades.
Intervinieron como panelistas la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; la exparlamentaria Marisa Glave y la abogada de Cooperacción Ana Leyva. Manifestaron que cayeron mitos sobre la gran minería y la agroexportación como las actividades que sostienen la economía del país.
Señalaron que estas dos actividades no pararon en meses de pandemia y no solucionaron la crisis del día a día de los peruanos. En cuanto a los impactos ambientales dijeron que tampoco se detuvieron y esto la población lo percibe como amenaza. Precisaron que los conflictos sociales son estructurales y como tal deben ser abordados.
El dato
Normas. El informe del Observatorio de Conflictos Mineros indicó que durante la pandemia se publicaron nueve normas. Seis de ellas fueron emitidas por Energía y Minas sobre protocolos sanitarios, dos por OEFA respecto al aplazamiento del pago de multas y otra por fiscalización, además de una de Sunafil por inspección de trabajo en tiempo de emergencia.
