Juez determina que hotel Concorde pase a propiedad del Estado
La fiscalía logró establecer que edificio ubicado en Surquillo, valorizado en 5 millones de dólares, es fruto del lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas
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El hotel Concorde, valorizado en unos cinco millones de dólares, pasó a ser propiedad del Estado, luego que el juez Henry Chumpitaz declaró fundada la extinción de dominio que el fiscal especializado Hamilton Castro promovió sobre la propiedad de este inmueble.
El veredicto establece que las 18 unidades inmobiliarias que conforman el edificio de 10 pisos, ubicado en prolongación Ricardo Palma N.º 120, en Surquillo, es fruto de las actividades de lavado de activos de una organización internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.
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De manera preventiva, en mayo último, la fiscalía había procedido a incautar el inmueble, para evitar que sea transferido a un tercero, y lo entregó para su administración al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
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En el proceso judicial, con el apoyo de la Procuraduría Pública de Tráfico Ilícito de Drogas, la fiscalía probó que el inmueble fue adquirido en el año 2005 por la empresa Negocios Generales Concorde, con dinero proveniente de las actividades ilícitas de tráfico ilícito de drogas que gestionó el ciudadano Ment Flor Dijkhuisen Cáceres.
Dijkhuisen Cáceres fue detenido en el año 2005 en Holanda, luego de que se incautó en el Puerto de Rotterdam, una carga de 1, 655 kilogramos de cocaína, acondicionada en latas de conserva de espárragos procedentes del Perú, en el caso conocido como “Los espárragos blancos”.
En Perú, el 18 de noviembre del 2015, Ment Flor Dijkhuisen fue condenado a 25 años de prisión como autor del delito de lavado de activos por la Sala Penal Nacional. El fallo que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, no determinó la situación legal del referido inmueble.
La fiscalía estableció que los 205 mil dólares, equivalentes a 667,275 soles, que se utilizaron para la compra del hotel provinieron de la empresa Code Consultores, que centralizaba las ganancias ilícitas conseguidas por Dijkhuisen.
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Dicha empresa, transfirió el dinero a la “offshore” General Investment & Developmet Inc constituida en Panamá y representada por Rafael Javier Jiménez. A su vez, este personaje, el 11 de mayo del 2005, suscribió un contrato de préstamo con Negocios Generales Concorde, representada por Eduardo Gallardo Arciniega, por el monto de US$ 250,000 que se utilizaron para comprar el hotel, que se encontraba en remate.
Mientras se discutía el pedido de la fiscalía, el 25 de septiembre de 2018, Negocios Concorde S.A. transfirió el edificio a un tercero, pese a que existía una medida de incautación inscrita en los Registros Públicos. La Fiscalía también demostró en el proceso de extinción de dominio que esta transferencia fue realizada de manera irregular y que no existió buena fe en la conducta del tercero adquirente.
“Se trata de una sentencia relevante que sienta un precedente en relación con la acción de la justicia en la afectación de los patrimonios criminales, pues la propiedad que tiene protección jurídica en nuestro país es únicamente aquella que tiene un origen lícito y provenga del trabajo honesto”, explicó el fiscal Hamilton Castro.
Fiscal Hamilton Castro
