Ayacucho: caso de violación sexual grupal revela una vez más desinterés del Estado por esta problemática
En agosto, una mujer de 49 años denunció violación sexual grupal cerca de su casa, en Vilcashuamán. Hoy, por temor a que los hombres que señaló como sus agresores la ataquen de nuevo, decidió salir de su vivienda. Desde el lugar donde se refugia, pide que el caso no quede impune y cuenta cómo los operadores de justicia y salud le fallaron. Otros 8 casos de violaciones contra niñas y adolescentes de esta región esperan que Poder Judicial emita fallo.
La noche del 28 de agosto, Carla* supo que corría peligro. Presintió que algo malo le sucedería cuando su vecina se dirigió a su cuarto y la dejó sola con los tres hombres que durante el día hicieron reparaciones en su vivienda, en Vilcashuamán, Ayacucho. Así que no lo pensó dos veces y se dirigió rápidamente a su casa.
Mientras caminaba, escuchó que alguien la seguía. “¿A dónde te vas tan apresurada?”, le dijeron. Segundos después: golpes y gritos. Su intuición no falló. Carla fue víctima de violación grupal.
Perú, país de violadores
En Perú, todas corren el riesgo de ser violadas. Pueden sufrirlo mujeres que, por temor, deciden no salir en la noche, no beber alcohol, no bailar, así como también mujeres que optan por hacer todo lo contrario. El machismo endémico en el país permite que siempre se halle una justificación para este delito. La impunidad reina porque se cree que ellas siempre hicieron algo para merecerlo.
La antropóloga Angélica Motta explica en su libro “La biología del odio” que la cultura de la violación enquistada en el Perú cobra mayor sentido porque se cree que los hombres no pueden controlar sus deseos sexuales.
"La contraparte de este discurso es que el instinto sexual masculino es ingobernable, el falo tiene vida propia, por tanto resulta lógico que el violador no sea responsable. La responsable de despertar a la bestia -de no “ponerse en escaparate”- siempre será ella. Así, un violador puede excusarse bajo argumentos como: “yo actuaba como varón solamente"”, señala.
Tras las protestas de feministas que salieron a las calles para exigir la igualdad de género, el Estado implementó leyes, protocolos y normas que, en teoría, protegen a las mujeres. Sin embargo, en la práctica, los operadores de justicia siguen fallando y, en ese sentido, cumpliendo un rol importante para la continuidad de una sociedad que cree que las mujeres son culpables de haber sido violadas.
Personal de justicia revictimiza
La madrugada del día siguiente, Carla* fue trasladada al centro médico de Vilcashuamán, donde la atendieron 5 horas después a pesar de que no dejaba de llorar por las lesiones y la indignación contenida. Tras evaluarla, el médico cirujano Carlos Mendez Leo concluyó que sufrió agresión sexual con fuerza corporal.
Horas después, acudió al área de medicina legal del Ministerio Público, donde el médico Nelso Toledo Hilario la examinó tras exigirle a la hija de la víctima que pague 108 soles por “pericias de apoyo al diagnóstico médico legal”. Desesperada por el estado de su madre, realizó el pago ilegal.
Hilario, quien no estaría capacitado para realizar el trabajo de un perito especializado en medicina legal, pues no figura como tal en el Colegio Médico del Perú, indicó en su informe que Carla* presentó golpes porque se cayó y descartó que haya sufrido una violación.
“Nosotros hemos mandado ya un oficio exhortando que la Oficina Descentralizada de Control Interno del Ministerio Público inicie la investigación correspondiente por la falta que cometió el médico. (...) Le estamos pidiendo a la jefa de la división médico legal un informe que nos explique por qué este médico de Vilcashuamán ha pedido el cobro de 108 soles, a pesar de que el trámite es absolutamente gratuito”, contó Ana Enciso, comisionada de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho.
Sobre la base del certificado médico legal, la fiscal provincial penal de Vilcashuamán Nory Figueroa Castro presentó la denuncia por tentativa de violación sexual. Hoy, Ferriol Gamboa Ñaupas (39) y Néstor Taboada Figueroa (36), acusados de violación, están libres. Al igual que Victor Mendoza Cárdenas (64), quien no llegó a abusar de la víctima, pero trató. Ella narró que logró empujarlo para impedir que la tocara.
El Poder Judicial tardó 5 días en emitir la medida de protección para Carla*, a pesar de que en abril el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso el Decreto Legislativo 1470, que ordena no demorarse más de 24 horas para oficializar el resguardo. Ello después de que se registró gran cantidad de denuncias por violencia contra la mujer durante la cuarentena.
Denunciados están libres
Hasta la fecha, la fiscal Figueroa no solicitó prisión preventiva contra los sujetos. Tampoco las fotos y los videos que los serenazgos que auxiliaron a Carla* registraron momentos después de que la atacaron. Ello ayudaría a comprobar que el delito fue violación sexual y no tentativa.
“Con respecto a lo que se ha registrado de parte de serenazgo, las fotos y los videos, no han sido incorporados válidamente a la investigación. La Fiscalía no lo ha referido. No podemos decir que la Fiscalía ha tenido un trabajo excelente desde el momento de la intervención. Definitivamente, hay muchas deficiencias. Lamentablemente, por las restricciones no es posible acceder a la carpeta fiscal para tener una certeza. Todo es lamentablemente porque es de forma virtual en estos momentos”, opinó Richard Almonacid, abogado de la víctima.
“Todo esto hizo que ella no se sintiera protegida, no sintiera una respuesta firme frente a lo que le ocurrió. El sistema judicial y de salud no pueden dejar a las víctimas con esa sensación de impunidad frente a sus agresores”, agregó la abogada Maritza Aparicio, abogada del Movimiento Manuela Ramos en Ayacucho.
La hija de Carla* vive con miedo. Dice que días después de lo ocurrido una persona la encerró en su vivienda. Desde entonces, permanece alerta durante la madrugada.
“De mi mamá, han desaparecido su colcha, su manta y su sombrero (prendas que llevaba Carla* aquella noche). Lo tienen ellos. No podemos acercarnos (a pedirlo). Tenemos mucho miedo. Una noche, en la que estuve sola, me encerraron. No sé quién cerró el portón de la casa. Tuve miedo y ya ni siquiera descansé en la casa. Tuve que descansar en la casa de un familiar. Ya no es como antes. Alrededor de la casa se escucha ruido, bulla, como si alguien estuviera cerca”, narró.
La psicóloga clínica Ibeth Luján, que atiende a mujeres víctimas de violencia, explicó que los síntomas de la hija de Carla* evidencian estrés postraumático.
“El estrés postraumático es una sobreexaltación de la alerta normal que uno tiene. Por lo general, cuando hablamos de estrés postraumático, por ejemplo, en el conflicto armado interno, se aborda mucho desde la lógica. Los tipos de terapia cognitivo- conductual ayudan mucho porque invitan a la racionalización. Pero ¿cómo trabajar el estrés postraumático si la persona que sufrió la violencia y sus allegados continúan en un contexto de vulnerabilidad?. Ese es el problema. El estrés postraumático, cuando está distante de la realidad, permite que el terapeuta tenga mayores herramientas para bajar la ansiedad de la persona que vive esta situación”, informó.
Violaciones en Ayacucho
En Ayacucho, entre el 16 de marzo y el 30 de agosto, personal del MIMP atendió 55 casos de mujeres que denunciaron violencia sexual (violación sexual, actos contra el pudor y hostigamiento sexual). Sin embargo, la cifra solo refleja el número de mujeres que se acercaron a este sector. Puede que otras no hayan pedido ayuda.
El Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana publicó un comunicado para exigir a los operadores de justicia que resuelvan 9 casos de abuso sexual. Ocho son de niñas de entre 11 y 14 años, quienes, al igual que Carla*, fueron revictimizadas.
Una de las menores no accedió al kit de emergencia, que contiene medicamentos para impedir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Ella denunció que fue violada por un hombre de 19 años, quien fue liberado de la prisión preventiva después de que su abogado presentó tres “medios probatorios”: un examen de odontograma y un examen antropológico que “evidenciaron” que la niña no tenía 12 años, sino 14; y la declaración del teniente gobernador de Vilcashuamán, quien afirmó que las menores de esa zona siempre forman familias a temprana edad.
“Las dos pruebas se hicieron por petición del abogado de los denunciados. La fiscal no se opuso. Por criterio, si yo tengo la partida de nacimiento de la niña y ahí dice 12 años, no hubo necesidad de someterla a esas otras dos pruebas porque ya estaba demostrada su edad. Recordemos que ahí la víctima es ella. No el investigado”, explicó Aparicio.
Las violaciones son la base de la sexualidad de las mujeres, según la escritora francesa Virginia Despentes. En esa línea, Motta explica en su publicación que "una de las primeras cosas que aprendemos las mujeres sobre nuestra sexualidad es que podemos ser violadas. (...) Es un riesgo que tenemos que aprender a administrar, desde la ropa que llevamos, los horarios en que transitamos por el espacio público, nuestras formas de entretenimiento, hasta gestos y movimientos corporales en lo público y lo privado. Este riesgo constituye los límites de la “mujer decente"”, apunta.
Para erradicar ello, la antropóloga propone implementar en la agenda educativa la Educación Sexual Integral, cuyo marco normativo no se establece como debiera. Sobre todo, durante la emergencia nacional ocasionada por la pandemia del coronavirus.
*Modificamos la identidad de la mujer que denunció violación sexual grupal para protegerla. Accedimos a ella mediante el Movimiento Manuela Ramos, quien financia su defensa legal por tratarse de un caso emblemático y urgente por resolver.
