Lambayeque: plantean hasta 9 años de cárcel para policías por presuntas compras sobrevaloradas

Coronavirus en Perú. Tres policías y un proveedor afrontan su hora más crítica tras el pedido de José Guevara Gilarmas, fiscal anticorrupción de Lambayeque, quien pidió presentiva para ellos por la presunta sobrevaloración en las compras de equipos de bioseguridad e insumos de limpieza en el marco del estado de emergencia por el coronavirus.

Pedido

De acuerdo al requerimiento al que accedió La República, la prognosis de pena realizada por la Fiscalía podría alcanzar todas las expectativas debido a que los policías Marcel Carbajal Tarazona, César Acosta Cajusol y Jean Yampufé Sánchez, podrían ser condenados a 9 años de cárcel por el delito de colusión agravada.

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En el caso de la proveedora Giovanna Luna Rojas, gerente de la empresa Inversiones CEAR SAC, quien habría vendido alcohol en gel y mascarillas no aptos para uso humano, podría ser condenada a 8 años de cárcel por el ilícito de colusión agravada.

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Justamente para estas cuatro personas el Ministerio Público solicitó ante el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, 12 meses de prisión preventiva, por haber comprado equipos de bioseguridad y artículos de desinfección a precios sobrevalorados.

El fiscal Guevara argumenta en su pedido que el comandante Carbajal Tarazona, en su condición de jefe de Logística, habría realizado una concertación ilícita con proveedores de elementos de bioseguridad y artículos de desinfección y limpieza.

Una similar imputación señala el magistrado contra los otros efectivos policiales, precisando que su actuación se hizo con la finalidad de defraudar patrimonialmente al Estado.

“En la comisión del delito han participado varios funcionarios públicos, por lo tanto la prognosis de pena sería el tercio intermedio. Hay agravantes y atenuantes”, se señala en el documento.

Del mismo modo, indica que así los imputados pretendiesen someterse a una confesión sincera, la pena se rebajaría en un tercio, lo que llegaría a 6 años de cárcel.

Además, añade que si se sometieran a una terminación anticipada, se rebajaría en un sexto más de la pena, lo cual no sería menor a 5 años de prisión.