Instan a la Mesa Directiva del Congreso poner en agenda votación el dictamen que protege a comunidades aisladas

En un contexto de extrema gravedad por la COVID-19 y luego de 14 años de publicada la Ley N° 28736, es la primera vez que el Congreso toma en cuenta los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

El último martes, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, presidida por el congresista Lenin Bazán, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de Ley 4044/2018-CR, promovido por AIDESEP y la asociación civil DAR, que propone modificar la Ley 28736, para la protección de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto inicial, y establece salvaguardas para garantizar su vida e integridad frente al COVID-19.

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En ese sentido, las organizaciones, como AIDESEP y DAR, señalan que ahora la vida de los PIACI está en manos de la Mesa Directiva del Congreso y demandan que se agende y se vote a favor de este dictamen. A fin de que el Pleno del Congreso considere la aprobación de este dictamen como prioridad de su agenda del jueves 28 de mayo.

“No hemos descansado y no vamos a descansar hasta lograr que se garantice la intangibilidad de sus territorios, así como se promuevan e implementen políticas públicas para atender las necesidades de la población en situación de contacto inicial”, indica Richard Rubio de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

SOBRE EL DICTAMEN

El dictamen aprobado garantiza la vida e integridad de los PIACI, respetando los principios de intangibilidad y no contacto. El principio de intangibilidad es clave para proteger a estos pueblos, porque, a diferencia del resto de comunidades nativas que están en contacto con la sociedad mayoritaria, los PIACI son extremadamente vulnerables a cualquier contacto, sobre todo en un contexto en el que cualquier tercero puede transmitirles el virus del COVID-19 u otros igual de dañinos para ellos. Cualquier contacto podría extinguirlos tanto física como culturalmente.

“Exigimos que se garantice la intangibilidad, nunca una actividad económica, y menos las actividades extractivas que son las más dañinas, puede ser más importantes que la vida de familias enteras que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial”, indica el apu Rubio, vicepresidente de la AIDESEP.

Debido a esta gran vulnerabilidad, el derecho internacional obliga a los Estados a garantizar la intangibilidad de sus territorios, es decir que establezcan áreas de carácter intangible. El problema es que la actual ley PIACI no lo hace, porque prevé excepciones para el aprovechamiento de recursos naturales. Así, el vigente artículo 5.c de esta ley PIACI habilita al Estado para, en caso de “necesidad pública”, otorgar nuevos derechos de aprovechamiento de recursos naturales, como derechos de exploración y explotación, en territorios de estos pueblos. Es decir, se pone los intereses económicos por encima de la vida de los PIACI que son pueblos tan vulnerables.

Por eso hay una necesidad de garantizar la intangibilidad de sus territorios a fin de protegerlos de las invasiones de personas ajenas a sus pueblos. Eso es lo que se ha aprobado modificar, a fin de garantizar la intangibilidad absoluta para los pueblos en aislamiento y excepcionalmente ingresos para los pueblos en contacto inicial que necesiten atenciones de salud, educación y otros derechos.

Los congresistas Daniel Olivares, Manuel Aguilar, Rolando Ruiz, Alexander Lozano, Luz Cayguaray, Marco Verde, Eduardo Acate, Johan Flores y Lenin Bazán votaron a favor de este ley que garantiza el bienestar de los PIACI.

“Es una propuesta que se ha trabajado con las organizaciones indígenas que velan por su protección, con quienes me comprometí en apoyar desde la Comisión que presido. Ellas reclamaban la aprobación de este dictamen con el objetivo de garantizar los principios de intangibilidad en los territorios PIACI. Después de 14 años de publicada la Ley PIACI, este Congreso ha dado el primer paso para cumplir con adecuar su contenido a las obligaciones internacionales sobre la materia”, señaló el congresista Bazán.