Nuevos conflictos sociales que vinieron con la pandemia
CALLE CALIENTE. Las exigencias son múltiples: rebaja de pensiones, facturaciones excesivas, mejores condiciones para laborar, resistencia a despidos. La calle se calienta, muchos de los protagonistas no temen el contagio. Así hacen escuchar su voz.
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Deysi Pari
Arequipa
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La pandemia provocada por el nuevo coronavirus no sólo causó la parálisis del aparato productivo del país sino la activación de conflictos que pueden calentar la calle y convertirla en una cuota más de inestabilidad.
En las regiones del sur la mecha prendió por diversas razones. Puno se ha levantado contra Electro Puno, empresa acusada de altos cobros en los recibos del servicio de energía eléctrica. Días atrás en Moquegua, los pobladores también rechazaron los cobros excesivos de Electro Sur y en Tacna, hubo cacerolazo contra Enersur.
En Arequipa, los primeros reclamos y protestas vinieron de médicos, enfermeras, técnicos y demás trabajadores del sector Salud. Ellos demandaron mejores condiciones laborales para afrontar la emergencia y atender a los pacientes con COVID-19. Su pedido fue dramático, no tenían mascarillas ni equipos de protección.
El otro conflicto se originó en colegios, miles de padres de familia que optaron por la educación privada para sus hijos, demandaron a estas instituciones bajar las pensiones porque ya no las pueden pagar. Muchos perdieron sus empleos o les redujeron sus salarios.
Incluso, el viernes pasado, se armó una trifulca con los policías en el colegio Don Bosco, varios manifestantes fueron detenidos y llevados a la comisaría.
Construcción civil
Los reclamos también vinieron del gremio de Construcción Civil que exigen un bono, pues no fueron considerados en los subsidios del gobierno. Los trabajadores de municipios como José Luis Bustamante, Cerro Colorado y Paucarpata, exigieron pruebas rápidas, mayores equipos de protección y que se les de mayores incentivos laborales
El 23 de abril hubo un bloqueo de carretera en el distrito de Caylloma contra minera Bateas, porque se presentaron casos positivos de coronavirus entre sus trabajadores. Los pobladores temían que, al dejar pasar a más empleados, el virus se expanda. En el distrito de Lari, los pobladores del Frente de Defensa se opuso a que la municipalidad distribuya alimentos donados por Buenaventura.
Otro hecho que desató un conflicto fue la construcción de un cementerio COVID, en el anexo de Culebrillas en el distrito de Uchumayo.
No faltó el reclamo del sector de taxistas informales, quienes pidieron que los dejen trabajar.
El sociólogo y docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, José Luis Ramos Salinas, analiza estos hechos y refiere que aún con todas estas reacciones, no hay un afán de protesta radical, como sí ocurría en el pasado.
“Este debe ser uno de los pocos países donde el gobierno actúa casi sin oposición. El Congreso que parece que quiere ser oposición al gobierno, lo único que hace es el ridículo”, manifiesta.
Ramos refiere que es necesario que la sociedad asuma otra actitud y que haya una verdadera organización a nivel gremial, barrial. Pone como ejemplo Cuba, donde cada barrio controla que los vecinos cumplan la cuarentena y el avance de la enfermedad se está controlando. Tienen 1908 casos.
En regiones como Moquegua y Tacna, los trabajadores del sector salud también exigieron mejores condiciones salariales.
Los transportistas urbanos y taxis pidieron restablecer el servicio que está suspendido hace varias semanas.
