Arequipa: Fiscalía investiga 24 casos de presuntas irregularidades en emergencia
EN LA MIRA. Se intervino Gobierno Regional de Arequipa por compra de mascarillas. También se investiga a la Policía. Gobernador Cáceres Llica afirma que se somete a proceso y que si hay responsables deberán recibir sanción.
Fiorella Montaño. Arequipa
Un estado de excepción es escenario ideal para evitar la fiscalización. Desde el inicio del estado de emergencia, decretado a causa de la propagación del COVID-19, el Ministerio Público realiza 24 investigaciones por presuntos actos de corrupción.
Entre las instituciones investigadas se encuentran la Policía Nacional y el Gobierno Regional de Arequipa.
Ambas pertenecen al Comando COVID-19, organismo encargado de dar respuesta a la pandemia en la ciudad.
Franklin Tomy, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, indicó que cuando se formó este comando, dejó en claro a sus integrantes que la función de la fiscalía era prevenir y perseguir el delito.
Es por esta razón que se ha tratado de limitar la participación de la fiscalía en el comando. “Ser integrante del comando no es óbice para no investigar”, indicó.
En Arequipa, los 4 despachos de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios tienen investigaciones en curso relacionadas con el estado de emergencia.
Hay una investigación en curso por el presunto delito de peculado doloso a funcionarios del gobierno regional que participaron de la compra y distribución de pruebas rápidas de descarte del coronavirus.
Muchas de ellas no ingresaron al hospital Honorio Delgado y se desconoce su paradero.
Ayer, como parte de las diligencias de otra investigación seguida a la entidad, personal de la fiscalía recogió información sobre la compra de mascarillas N95 al precio de S/35.
Estarían sobrevaloradas.
También se investiga el posible favorecimiento a empresas para albergar a las personas trasladadas en viajes humanitarios. Otra investigación tiene que ver con una denuncia del gerente de transporte, Grover Delgado, contra alguien que habría intentado pagarle una coima. Enterado del tema, el gobernador Elmer Cáceres Llica aseguró que no tiene ningún problema con estas investigaciones.
Señaló que no existe corrupción y que si hay malos elementos estos deben ser puestos en evidencia.
Sobre las mascarillas, Cáceres Llica alegó que el costo de S/ 31 era la mejor la propuesta. “Incluso hay otras regiones que han comprado más caro. Buscamos lo más económico para que no se piense mal al respecto”, dijo la autoridad.
Policía
La Novena Macrorregión Policial es investigada por el delito de negociación incompatible, a causa de la compra de guantes, mascarillas e implementos de limpieza. También por el presunto delito de peculado de uso y concusión, por permitir que personal ajeno a la institución realice el cobro de papeletas a vehículos remolcados hacia el depósito.
En cuanto a la entrega de canastas de alimentos, se investiga a las municipalidades de Cerro Colorado, Sachaca, Cayma, Alto Selva Alegre, Caylloma, Yanahuara, Yura, Socabaya y Majes por irregularidades en adquisición de productos y su reparto.
En las municipalidades de Ocoña, Caylloma, Acarí y Majes se investiga a los funcionarios de programas sociales que incluyeron a familiares en el padrón de beneficiados del bono de S/ 380.❖
Se lograron 5 sentencias en emergencia
El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa también indicó que durante este periodo se lograron 5 sentencias contra personas que incumplieron las medidas de aislamiento. Se detuvieron a más de 3 mil 131 personas, quienes serán denunciadas una vez culmine la emergencia.
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El Ministerio Público en Arequipa se encuentra implementando el protocolo de reactivación de actividades emitido por la Fiscalía de la Nación. Franklin Tomy recordó que esta institución fue una de las primeras golpeadas por el coronavirus. Una de sus trabajadoras y familiares fueron los primeros casos de esta enfermedad.
Se envió a sus domicilios a 101 personas de la institución consideradas en el grupo de riesgo y se suspendieron plazos de investigación de casos para evitar su archivamiento.
