Universidades públicas se alistan a recibir alumnos de entidades sin licencia

Por: Fernando Leyton

Las universidades públicas, tan relegadas durante décadas, se erigen hoy como un pilar fundamental en la reforma de la educación superior, al grado que se convertirán incluso en una alternativa para los miles de estudiantes afectados por las licencias denegadas a instituciones privadas.

Desde el próximo año, en virtud de un decreto de urgencia publicado ayer, el Ministerio de Educación (Minedu) podrá entregar presupuesto adicional a las universidades públicas que habiliten mecanismos para recibir a dicho grupo de alumnos.

El objetivo es que esos recursos permitan financiar las mejoras de infraestructura, la contratación de personal docente y otros elementos necesarios para atender adecuadamente al contingente extraordinario de estudiantes nuevos.

Aunque aún es pronto para definir la forma exacta en que se realizarán esos traslados, existen algunos elementos que de todos modos serán evaluados, como los exámenes de admisión, los requisitos académicos de convalidación y los costos.

Varias universidades públicas, en sus estatutos, ya contemplan la modalidad de “ingreso por traslado externo”, previo examen de admisión y convalidación de cursos. En algunos casos, el precio de este examen supera los S/ 1.000.

Por otro lado, algunas universidades solo permiten el traslado externo a estudiantes que hayan culminado cuatro semestres, dos años de carrera o que tengan aprobados 72 créditos en su universidad de origen.

Dichas condiciones limitarían el traslado de los alumnos de primer año hacia instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional del Callao (UNC), por citar algunos ejemplos.

En el caso de San Marcos, además, el rector Orestes Cachay Boza ya adelantó que los estudiantes de universidades con licencias denegadas sí tendrán que pasar una evaluación, pues el objetivo es que la institución mantenga sus “altos estándares de formación profesional y académica”.

Al respecto, desde el Ministerio de Educación se espera que las universidades públicas puedan adaptarse a esta situación extraordinaria que, además, surgió por iniciativa de ellas mismas, según reveló Jorge Mori Valenzuela, director de Educación Superior Universitaria del Minedu.

“La idea es que esta situación en particular va a obligar a las universidades públicas a revisar su normativa interna. Si bien nosotros como ministerio tenemos toda la predisposición de movilizar los recursos, también cada una de ellas tiene sus reglas para aceptar el traslado de los estudiantes. Nosotros vamos a ser sumamente respetuosos de esa autonomía académica”, declaró La República.

Algunas condiciones

Para Orestes Cachay, que también es presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Perú (ANUPP), la medida es positiva porque brinda a los alumnos afectados “una esperanza para que puedan terminar sus estudios”.

“Creo es un paso decidido, muy firme, del Poder Ejecutivo para no abandonar a estos alumnos y de buscar una solución, pero esta tiene que ser consensuada con los rectores”, declaró a este diario.

Sobre ese tema, Mori Valenzuela confirmó que mañana a las 11:00 a.m. se reunirá con Cachay para definir, desde el punto de vista de las universidades, cuáles serán las condiciones que harán posible los traslados de estudiantes y, en función de ello, determinar cuáles son aptas para recibir los recursos adicionales.

“Para que una universidad reciba a estos estudiantes se tienen que dan ciertas condiciones. Por ejemplo, que haya una subutilización de los recursos de los que dispone. Hay carreras que tienen recursos, docentes e infraestructura, pero que no tienen la cantidad suficiente de alumnos porque no se han cubierto las vacantes. Hay que hacer un análisis de cada universidad para identificar su potencial de recibir estudiantes”, explicó Mori Valenzuela.

En ello coincide Cachay. “Hay que evaluar de qué escuelas (carreras) son los alumnos, la infraestructura que tenemos, los laboratorios, los suministros, los insumos para las investigaciones. Todavía no sabemos cuántos estudiantes son, ni de qué especialidad provienen. Debemos definir todos estos aspectos”, declaró.

A la fecha, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha denegado la licencia de funcionamiento a 32 universidades (31 privadas) y a dos escuelas de posgrado. Estas entidades, cuyas actividades deberán cesar en un plazo máximo de dos años, atendían a una población de 165 mil 679 alumnos.

Ahora bien, según indica Mori Valenzuela, se calcula que entre el 20% y el 40% de dicho universo terminará sus estudios en la misma universidad con licencia denegada, pues se trata de alumnos de los últimos ciclos. Para aquellos que cursan los tres primeros años de carrera, la propia universidad está obligada a firmar convenios de trasladado con otras universidades que sí tengan licencia institucional vigente.

“Por eso, cuando hablamos de 100 mil estudiantes de universidades con licencia denegada, debemos analizar cuántos realmente estarán en la imposibilidad de trasladarse. Lo que hace el ministerio es diseñar instrumentos y herramientas para los chicos de escasos recursos que quieran hacer el traslado, pero que no puedan por una situación económica”, añadió el funcionario.

Para Cachay Boza, la sola transferencia de recursos no abre automáticamente el camino para realizar el traslado de alumnos, pues existen universidades públicas que tienen presupuesto, pero no capacidad de gasto.

De hecho, según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 16 de las 43 universidad públicas licenciadas ejecutaron menos del 70% de sus partidas habilitadas para este año.

Existen, no obstante, otro grupo de universidades con alto niveles de ejecución, entre ellas San Marcos, que invirtió el 92% de su presupuesto para el 2019. Nuevamente, Mori señala que se analizará la capacidad de absorción de estudiantes de cada universidad y en función de ello se definirán los recursos adicionales a repartir.

“Las universidades que no tengan capacidad de ejecución presupuestal no estarían como alternativas. Necesitamos universidades que puedan comprometerse a absorber a estos estudiantes (de entidades sin licencia) y por ello el Minedu le transferirá recursos”, finaliza el representante del ministerio.

El decreto de urgencia establece que las disposiciones que deben cumplir las universidades para recibir el presupuesto adicional se deben aprobar en un plazo que no exceda los 45 días. La partida disponible para distribuir, en una primera etapa, es de S/ 18 millones.

Traslados corren contra el reloj

El decreto supremo que promueve el traslado de estudiantes establece, además, que las transferencias presupuestarias se realizarán, como máximo, hasta el 30 de setiembre del 2020. En el caso de San Marcos, el rector asegura que el tiempo apremia porque el ciclo impar inicia en marzo, lo que implica que entre enero y febrero se deben definir los parámetros para efectuar los traslados y realizar las evaluaciones correspondientes a los postulantes.

Según el Minedu, los recursos adicionales permitirán a las universidades incrementar su capacidad de oferta educativa y, en consecuencia, incrementar el número de vacantes disponibles. Sin embargo, se debe considerar que en la actualidad todavía existen 25 universidades en proceso de licenciamiento (20 privadas y 5 públicas). El número de alumnos por recibir podría incrementarse significativamente.