Línea Amarilla no accedió a bajar tarifa de peaje a S/ 4.40
Sin acuerdo. Empresa pretendía reducir el cobro de S/5.70 a S/5.20. Propuesta fue rechazada por la Municipalidad de Lima, que considera que la compañía cobra en exceso. La nulidad se verá en un arbitraje.
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El 24 de julio pasado, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que iniciaría el proceso para que se declare nulo el contrato con Línea Amarilla (Lamsac). Después de tres meses de diálogo con la empresa, el municipio ha decidido seguir adelante con esa salida, que ahora deberá ser resuelta en un arbitraje.
Por contrato, antes de solicitar formalmente la nulidad de la concesión, ambas partes están obligadas a sostener una negociación de tres meses para buscar posibles acuerdos. En esta etapa, conocida como "trato directo", la municipalidad buscó reequilibrar el contrato, lo que finalmente no ha sido posible.
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“(Con Línea Amarilla) no se ha llegado a nada. Ellos trajeron una propuesta interesante respecto de lo que se estaba discutiendo en origen, pero no es, a juicio de la municipalidad, la propuesta reequilibrada que buscamos”, declaró el alcalde a La República.
La autoridad edil confirmó que el miércoles último, en reunión con el equipo municipal, los representantes de la compañía propusieron reducir su tarifa en 0.50 céntimos; es decir, que el monto actual baje de S/5.70 hasta S/5.20.
"Nosotros habíamos dicho que técnicamente el peaje que consideramos equilibrado es de S/4.40. Como no nos hemos puesto de acuerdo, la consecuencia es que se va a cerrar el trato directo y se seguirá con la nulidad, que es lo que se había anunciado", declaró.
En varias ocasiones, Línea Amarilla ha defendido públicamente que la tarifa de S/5.70 es “justa y equilibrada”. En un primer momento, sin embargo, la empresa propuso reducir el peaje en solo 20 céntimos.
Es pertinente recordar que durante la gestión de Luis Castañeda, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada calculaba que la tarifa de equilibro era de S/5.20, el mismo monto que hoy recoge la concesionaria y que supera el cálculo de la administración Muñoz.
Lo que se viene
Una vez agotado el trato directo, según las proyecciones de la Procuraduría Municipal, la demanda arbitral se presentaría formalmente en mayo del próximo año. De ser así, se espera que el tribunal emita su laudo final dos años después; es decir, en mayo del 2022.
En caso la decisión arbitral se emita en los plazos estimados y sea favorable al municipio, el contrato entrará a una etapa de "liquidación".
Este proceso se culminaría en noviembre de 2022 y recién entonces la ciudad recuperaría la administración de los peajes.
Ahora bien, conseguir la nulidad del contrato con Lamsac no significa necesariamente que los usuarios dejarán de pagar peajes, pues el recaudo pasaría a la Empresa Municipal Administradora de Peajes (Emape). Muñoz aseguró, sin embargo, que se podrían retirar algunas casetas de cobro.
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"Si se da la nulidad, la administración de las vías será municipal. Parte del dinero a recaudar se destina al mantenimiento de las vías. En algunos casos habrá que suprimir las garitas en zonas que consideramos antitécnicas o que no responden a una necesidad", explicó.
Por otro lado, en ese escenario, Lima tendría que pagar S/ 3.980 millones a inversiones y acreedores de la concesión. El alcalde asegura que el municipio está elaborando un plan para que ese pago sea a largo plazo y no afecte el equilibro económico de la entidad.
Claves
- Solicitud. El regidor José Pacheco, del partido de José Luna, ha presentado un hábeas corpus para que se retiren algunas casetas de cobro de Línea Amarilla.
- Sin respuesta. Lamsac no respondió a las consultas formuladas por este diario.
Procurador anticorrupción viajará por caso Rutas de Lima
- En el caso de Rutas de Lima también existe una solicitud de nulidad en curso. Las audiencias se realizarán en Washington, Estados Unidos, entre el 4 y el 8 de noviembre. Se tiene previsto que asista el alcalde Jorge Muñoz.
- Los días 5 y 6 de noviembre, a dicha ciudad también viajará el procurador público ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien participará en reuniones de trabajo con la firma que defiende la postura del municipio (Estudio Foley Hoag LLP). El objetivo es coordinar las estrategias de confiscación de activos.
