Tumán: Piden incluir a exjuez Cohen en presunta red criminal

Lambayeque. Entre noviembre del 2017 y enero del 2018, dos accionistas de la Empresa Agroindustrial Tumán (EAT) -Leoncio Egúsquiza y Alejandro Zevallos- denunciaron en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a un grupo de 16 personas que habrían concertado para permitir el ingreso de fraudulentas administraciones judiciales, a través de presuntas deudas ficticias, con el fin de apoderarse del patrimonio económico.

Tras revisar la documentación, la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque dispuso que la competencia para llevar la investigación le correspondía a la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado (Fecor), debido a que se encontraron indicios de la existencia de esta presunta red delictiva.

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Por ese motivo, en marzo del 2018 el fiscal Juan Carrasco Millones dispuso el inicio de la investigación preliminar contra los investigados -incluidos los ex administradores judiciales César Sandoval, Daniel Rioja, Martín Martinez, además del juez José Bravo-, por los presuntos delitos de lavado de activos, peculado por extensión, fraude y apropiación ilícita. No obstante, al ser declarada como una investigación compleja, en noviembre del mismo año el fiscal adecuó el plazo de indagación a 36 meses contabilizados a partir del 6 de marzo.

Nueva ampliación

Luego que el Segundo Juzgado Civil de Bagua concediera una medida cautelar designando a un nuevo administrador judicial en la EAT, la defensa legal de los accionistas solicitó al fiscal Carrasco ampliar la investigación a otras 13 personas que también estarían involucradas en la red criminal. La documentación fue presentada el pasado 22 de octubre por el accionista Candelario Fernández Bejarano, quien aseguró a La República que tras formular la denuncia teme por su vida y la de sus familiares.

En la ampliación sostiene que los primeros implicados suscribieron una falsa acreencia a favor de la empresa Multinegocios del Pacífico S.A.C., por la suma de S/1′8000,000, diez días antes de que sean expulsados de la administración judicial con la finalidad de continuar apoderándose del patrimonio de la azucarera.

Luego, continúa la denuncia, endosaron la acreencia a favor de Moroni Córdova Delgado, quien presentó la demanda para el pago de la deuda más intereses ante el Juzgado Mixto de Bagua. En este despacho se encontraba el cuestionado exmagistrado Alberto Cohen Vela -quien este año renunció tras fallar a favor de la universidad Telesup en un proceso con Sunedu. Cohen concedió la medida cautelar y designó, a pedido del denunciante, a Eric Benavides Timaná como nuevo administrador judicial.

Según esta ampliación, Benavides habría concertado con Leoncio Egúsquiza, Segundo Chero y Juan Raymundo -quienes tienen una administración de hecho en la EAT- para nombrar como gerentes a las mismas personas investigadas por integrar esta presunta red criminal.

En el escrito entregado a la Fecor, el denunciante señala al empresario Ernesto Flores Vílchez como presunto líder de la organización criminal, pues el habría creado las empresas a las cuales se les concedió acreencias de presunta forma fraudulenta, tales como Alimenta Perú SAC, Multinegocios El Pacífico y Corporación Alazan SAC.