Pedro Castillo busca anular proceso por presunta traición a la patria en el Tribunal Constitucional
El presidente de la República acudió a instancias constitucionales luego de que el Congreso admitiera una demanda por traición a la patria en su contra a inicios de año.
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En su intento de agotar las vías judiciales, el presidente Pedro Castillo acudió ante el Tribunal Constitucional en busca de que se anule la denuncia constitucional que pesa en su contra por presunta traición a la patria. En el documento presentado, el mandatario demanda al Congreso señalando que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales habría incurrido en un “agravio constitucional” al admitir la acusación.
De esta manera, Castillo emitió un recurso de habeas corpus ante el TC, el cual fue presentado el último 19 de julio, aunque se tuvo acceso a él recién este miércoles. La misiva hace referencia al expediente 01708-2022-0-1801-JR-DC-09, documento que había sido rechazado por el Poder Judicial y en el que se indicaba que la SAC habría cometido un “atentado contra la libertad individual en conexión al debido proceso y la tutela procesal efectiva”.
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Con este texto, el abogado encargado del caso, Eduardo Pachas, busca que la máxima autoridad constitucional defina las bases en torno a las cuales se podría juzgar al presidente por “traición a la patria”. Esto luego de que se abriera el proceso de denuncia constitucional en contra de Castillo debido a las declaraciones emitidas en una entrevista, en las que daba a entender que le podría “ceder” una entrada al mar a Bolivia.
Este recurso de habeas corpus presentado ante la Primera Sala del TC es una de las últimas vías que ha optado utilizar Pachas en busca de evitar que Castillo pase por un proceso de juicio político por parte de la Subcomisión de Acusaciones, puesto que las consecuencias podrían ir desde la suspensión hasta la inhabilitación.
Ahora, la defensa del presidente espera que la resolución de la sala del Tribunal sea distinta al fallo recibido por la Corte de Justicia de Lima el último 20 de junio, la cual consideró que el equipo de trabajo parlamentario actuaba “en el marco de las funciones de control político establecidas en la Constitución”.
