JNJ: los vacíos en la investigación en su contra que vician el proceso
Refutada. La moción de Patricia Chirinos tiene cinco puntos con los que pide la remoción de los magistrados. No ha podido demostrar cuál es la injerencia de estos funcionarios y tampoco las presiones al Poder Judicial. Mientras no esté delimitado qué es una falta grave, advierten juristas, no habrá debido proceso.
Los vacíos en la moción que impulsó la congresista de Avanza País Patricia Chirinos para exigir una investigación sumaria y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) exponen a estos magistrados a un indebido proceso, según juristas consultados por La República.
La parlamentaria Chirinos sostiene que los integrantes de la Junta cometieron faltas graves. En 2019, el Congreso aprobó la ley orgánica de la JNJ y jamás delimitó cuáles son las causales de remoción. Las razones por las que este Parlamento decidirá destituir a los magistrados serán en base a la interpretación que tengan los legisladores sobre los hechos imputados.
Intromisión no demostrada
La moción de la exintegrante de Chim Pum Callao se sostiene en cinco afirmaciones.
La primera tiene que ver con el pronunciamiento que emitió la JNJ el 23 de mayo. Ese mes, el Congreso alistó la inhabilitación de la entonces fiscal suprema Zoraida Ávalos. La denunciaron por no haber investigado a Pedro Castillo en el ejercicio de su mandato por los actos de corrupción en su gobierno.
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La exfiscal Ávalos respondió que sí había investigado, pero tuvo que suspender el proceso porque la Constitución no permite acusar a un presidente en el ejercicio del poder.
Pero esa respuesta no bastó para evitar su destitución.
A cargo. Comisión de Justicia realiza investigación sumaria. Foto. difusión
La junta, mediante un comunicado, invocó al Congreso a reflexionar sobre esa decisión. La razón fue el peligro que implica al sistema judicial que una fiscal sea sometida a un juicio político debido a que las fuerzas partidarias no están de acuerdo con su proceder en un caso.
Para quienes promueven la investigación, el pronunciamiento fue una intromisión sobre los actos del Congreso.
La exministra de Justicia Ana Neyra señala que, en realidad, en esa oportunidad la Junta no defendió exclusivamente a la exfiscal Ávalos, sino que se refirió al riesgo que implica destituir a una fiscal en línea con lo demandado en el Parlamento. “Pueden expresar opinión, pero no es que se entrometan en otro órgano competente”, puntualizó Neyra.
La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma cuestiona que en la ley no está especificado que suscribir un comunicado amerite una remoción. “¿Cuál es el referente para que sea una falta grave? ¿Llamar a la reflexión? ¿Eso está establecido en la norma?”, se preguntó.
Para el constitucionalista Pedro Grandez, se trató de un comunicado “en términos de principios” del sistema de justicia. “Era un pronunciamiento respecto a algo que compromete a las funciones que cumple la Junta: la independencia judicial”, manifestó.
Presión no comprobada
La segunda acusación que lanza la congresista Chirinos es que los integrantes de la JNJ presionaron al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la inhabilitación de Ávalos.
La fuente utilizada para esa afirmación es una noticia difundida en Willax TV. El 6 de julio, cuando al presidente del PJ le preguntaron sobre ello, respondió que a él no lo “presiona nadie”. Así desmintió esa versión.
La jueza Elvia Barrios, asimismo, contó que, en una conversación que tuvo con el magistrado Arévalo, él negó haber sido presionado en algún momento por las autoridades de la Junta.
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La firma del abogado penalista César Azabache patrocina a la presidenta del JNJ, Imelda Tumialán, en este caso que viene siendo revisado por el Ministerio Público.
El abogado Azabache ha enfatizado que en la Fiscalía de la Nación, hasta el momento, tampoco han podido comprobar la existencia de presiones de parte de miembros de la JNJ contra el titular del Poder Judicial.
La Fiscalía aún no ha tomado el testimonio de Arévalo. “Será sin duda decisivo. A él se dirigirán las presiones a las que se refiere el rumor en que se basa el caso”, dice Azabache. Mientras esa investigación continúa, sigue siendo una especulación.
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Contra Inés Tello
El tercer punto de la moción de Chirinos es sobre la continuidad de la magistrada Inés Tello, quien tiene más de 75 años. El exdefensor del Pueblo Walter Albán precisa que la ley solo prohibe el ingreso a la Junta a quienes superen esa edad, pero no su permanencia. “Han utilizado eso de pretexto para formular el cargo”, lamentó.
Acusación débil
El cuarto punto señala que la junta no reportó ante el Pleno los informes anuales de gestión. Esta institución comenzó a funcionar en 2019. Entre los años 2020 y 2021 era complicado que acudan por la pandemia. Además, no se les invitó al Pleno. No obstante, los informes ya fueron remitidos al Parlamento.
Blindaje a Benavides
La quinta y última imputación de la moción es porque, presuntamente, la Junta habría filtrado información al portal periodístico IDL-Reporteros para un reportaje sobre el proceso disciplinario que afronta la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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La Comisión de Justicia ha citado, por eso, al periodista Gustavo Gorriti, quien ayer en una columna anunció que no asistirá. “Esa charada de proceso a lo Barrio King no merece otra cosa que rotundo desprecio y total oposición. Esa banda que maneja el Congreso y somete al Ejecutivo ha cruzado una línea detrás de la cual le será difícil recular”, expresó.
Proceso viciado
La moción, además, se sostiene en que el 2018 el Congreso removió a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ese año salieron a la luz audios que vinculaban a los magistrados del CNM con el caso Cuellos Blancos del Puerto. Pero con la junta no existe ninguna grabación.
“Por eso es distinto (los casos), por la magnitud de los hechos. A raíz de lo del 2018 se modificó el sistema de designación”, reflexionó el constitucionalista Francisco Eguiguren.
Y recordó que los integrantes del CNM eran elegidos por el Congreso, en cambio, los de la JNJ ingresaron por un concurso público liderado por el defensor del Pueblo.
Los aliados de Chirinos señalan que la Junta es “vizcarrista”.
Lo cierto es que ellos fueron elegidos por una comisión especial en concurso público. Esta fue presidida en 2019 por el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, e integrada por el presidente del TC, Ernesto Blume; del Poder Judicial, José Luis Lecaros; el contralor Nelson Shack; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y los rectores Jorge Alva y Antonio Abruña.
También desde el fujimorismo y sus aliados alegan que la JNJ fue impuesta por el Gobierno de Martín Vizcarra. En realidad, fue el 86% de los peruanos el que aprobó su creación vía referéndum y fue el Congreso en 2019 el que elaboró su ley orgánica.
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Desde la creación de la Junta, los congresistas no cumplieron con su papel de precisar, mediante una ley, cuáles son las faltas graves que ameritan la remoción de sus miembros. Ahora apelan a una investigación sumaría. Ledesma les recuerda que la Constitución prohíbe el abuso del derecho.
Reacciones
Ana Neyra, exministra de Justicia
“Si en todo caso aquí hay un delito, lo que debería generarse es un proceso de antejuicio; o, si es una infracción constitucional, un juicio político, pero se han inventado un procedimiento”.
Pedro Grandez, constitucionalista
“Nadie en el Parlamento ha hecho el esfuerzo de precisar cuándo estamos en falta grave. Y, en el vacío de la norma, no hay principio de legalidad. No puede haber sanción sin ley previa”.
Marianella Ledesma, expresidenta del TC
“Es inconstitucional porque el procedimiento se lo han diseñado ellos. ¿Cuál es el referente para una falta grave? ¿Llamar a la reflexión a un organismo sobre la decisión que se va a tomar?”.
Francisco Eguiguren, constitucionalista
“Digamos que esto sea aprobado en la Comisión de Justicia. ¿Cómo se realiza la probanza? Hay demasiados vacíos que vician la regularidad de este procedimiento, más allá de imputar cosas”.
